El programa de ajuste del gasto público que instrumenta el Gobierno nacional está generando un previsible incremento en la conflictividad en cada una de las negociaciones de salarios, especialmente en el sector público y particularmente en las provincias, blancos principales de la motosierra de Milei.

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a Misiones cayeron 20% real en el primer cuatrimestre, las no automáticas se diluyeron prácticamente a cero y la recaudación propia de la Provincia también se reduce de la mano de la caída en el consumo y de los cambios en el comercio de frontera.

Mientras tanto, la inflación marcó un incremento de 65% en los primeros cuatro meses y la interanual roza los 290 puntos.

La demanda de aumentos salariales corre al ritmo de la inflación, pero la posibilidad del Estado provincial de satisfacer esa demanda encuentra severas limitaciones en el recorte de fondos federales y en la caída de la recaudación propia.

Allí radica el fondo de la cuestión. De un lado están los trabajadores que necesitan un incremento salarial abultado para sostener el estándar de vida que llevaban hasta el año pasado y del otro lado del mostrador hay un empleador (el Estado) que sufrió un severo recorte en sus ingresos.

Por más que los técnicos de la secretaría de Hacienda afinan los lápices y el ingenio en búsqueda de soluciones alternativas, las negociaciones se extienden por lo complejo del escenario.

Las mesas de concertación se mantienen abiertas, está prevista una reunión para el lunes próximo en la que la Provincia formalizará una oferta concreta de aumento a pagar en la próxima liquidación. Aún así la impaciencia de los agentes públicos se incrementa y traduce en diferentes medidas de protesta, algunas más legítimas que otras, y en la ley del río revuelto (como siempre) aparecen oportunistas con el único objetivo de acalorar los ánimos, de “pudrirla” como dirían en el barrio.

Los fallidos gobiernos que se sucedieron en la esfera nacional, desde el kirchnerismo puro del segundo mandato de Cristina hasta el engendro político del Frente de Todos, pasando por el capítulo de endeudamiento y fuga de Cambiemos, alimentaron un espíritu de antipolítica que supo interpretar y exacerbar mejor que nadie el movimiento libertario con su concepto de casta.

En ese caldo de cultivo, la militancia digital dio nuevas alas a los agitadores profesionales. Instagram, Tik Tok, X, Facebook, Whatsapp oficiaron de propaladoras de rumores no chequeados y mentiras descaradas, todas con el objetivo de agitar las aguas.

Mientras los docentes salían a protestar se difundió información falsa respecto a la propuesta salarial que elaboraba la Provincia. Después, cuando salieron a manifestarse los policías, se hicieron correr rumores de traslados y castigos a agentes que supuestamente habían sido identificados como “díscolos”, la información fue desmentida por el Gobierno, pero la espuma ya había subido lo que siguió fue un acuartelamiento en Posadas que hasta el cierre del presente envío no se había resuelto, a pesar de la intervención de la justicia con una orden de desalojo.

Las operaciones de desinformación cobran mayor dimensión por la intervención de profesionales de la política que juegan sus cartas en las internas de sus propios espacios. Aparecen los Puerta fogoneando las protestas en el ecosistema digital y en medios locales y nacionales, a los que se suman viejos expertos en el juego sucio de la inteligencia interna, como el ex señor 5, Juan Bautista “Tata” Yofre.

 

El primer titular de la SIDE de Carlos Menem utilizó sus redes sociales para fustigar al gobernador Hugo Passalacqua y a su Vice, Lucas Romero Spinelli, por haber pedido licencia a la Legislatura para ausentarse de la provincia y del país justo cuando en Misiones arrecian las protestas.

La versión surge a partir de la libre interpretación de un proyecto elevado a la Legislatura que cumple con una tradición administrativa de vieja data que consiste en pedir una suerte de permiso preventivo para que las máximas autoridades del Ejecutivo puedan ausentarse de la provincia en caso de que su función así lo requiriera.

Desde el Gobierno misionero explicaron lo obvio: ni el Gobernador ni su vice tienen planeado ausentarse por 60 días, se pidió esa autorización para que los mandatarios puedan, por ejemplo, viajar a Buenos Aires para plantear ante la esfera nacional algún reclamo de productores o empresarios.