La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un fuerte cuestionamiento en Misiones por el proceso de auditorías que derivó en miles de suspensiones de pensiones no contributivas. Tatiana Antúnez, presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, denunció irregularidades en la implementación y anticipó la presentación de un recurso de amparo judicial para restituir los beneficios quitados de manera arbitraria.

“Ahora estamos yendo a la ciudad de Bonpland. La idea es evaluar y ver la cantidad de personas que han quedado excluidas de sus pensiones no contributivas, dado que a mucha gente de esos lugares no les llegó la carta documento de la citación, pero sí les han suspendido sus pensiones”, explicó Antúnez.

“Estamos en el proceso de la presentación del amparo judicial recolectando todas las pruebas de los casos similares que han sucedido y que por no recibir la notificación, la Agencia Nacional procedió a la suspensión de sus pensiones no contributivas”, agregó.

Suspensiones arbitrarias

La funcionaria provincial remarcó que una auditoría es necesaria en cualquier política pública, pero subrayó que el procedimiento no puede vulnerar derechos. “Sostenemos que es importante que se hagan las auditorías, que es fundamental una auditoría en cualquier instancia de una política pública. Pero lo que no puede suceder es que se vulneren derechos de las personas. Las personas tienen derecho a ser auditadas y también tienen derecho a ser citadas. Tendrían que haber recibido una notificación para poder asistir y demostrar si les corresponde o no continuar cobrando esta pensión. La Agencia Nacional no debería haber procedido de manera arbitraria sin verificar la situación y condición de cada persona”.

Consultada sobre el alcance de las suspensiones, precisó: “La Agencia Nacional hasta julio nos informó que eran 5.700 aproximadamente bajas. Teníamos una diferencia del año pasado hasta ahora de 80.000 pensiones; actualmente tenemos 75.000, no me acuerdo el número exacto, pero 75.000 pensiones y habían llegado aproximadamente unas 5.000 notificaciones de suspensiones a la provincia. Por eso estimamos que el número son aproximadamente 10.000 pensiones suspendidas en Misiones, y entendemos que posiblemente hayan más casos”.

“La mayoría de las suspensiones que están llegando son por falta de asistencia a la auditoría porque no les llegó la notificación para que puedan presentarse”, insistió la funcionaria.

Antúnez reveló que los operativos evidenciaron múltiples fallas. “Este proceso de auditoría, desde que inició hasta el momento, tuvo muchísimas irregularidades: desde que no lleguen las cartas documento al domicilio, hasta que los canales de comunicación estaban colapsados. El TINA, que es un chatbot, no te brindaba información clara respecto a tu situación”.

En este punto, hizo hincapié en lo ocurrido la semana pasada en San Ignacio, donde se determinó que los auditores “no eran médicos, era una empresa privada que contrataba militantes de la Libertad Avanza. Eran vecinos de la localidad, jóvenes militantes que no tenían profesión, que no estaban preparados para hacer esta auditoría. Ellos también generaban confusión, decían que no era una auditoría, sino una entrevista”.

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La coordinadora remarcó que el instrumento legal es claro: “Alguien citado por carta documento, en el cual dice auditoría médica, es imposible que vaya a otro lugar y sea convocado a una entrevista común y corriente. Eso era una auditoría, estaban citados a una auditoría legalmente. Y estaban entregando certificados de asistencia truchos, porque eran firmados por un médico que no estaba en el lugar y que tampoco había dado la autorización para que su firma sea utilizada”.

Desmintió además que se tratara de estudiantes de medicina: “No son estudiantes, no son profesionales, son personas sin formación, que no cuentan con las herramientas para llevar adelante un proceso así. Hay un equipo de auditores que vino de Buenos Aires, que tampoco son profesionales, y ellos contrataron a estas personas en la localidad. No se quieren identificar ni comprueban la veracidad de su profesión. Lo único que dicen es que son una empresa contratada por el PAMI”.

Sobre este convenio, aclaró: “El PAMI es el que pone los prestadores médicos. Al principio, los médicos de Misiones que eran prestadores del PAMI hacían auditorías en clínicas, y hasta ahí el proceso era más o menos regular. Ahora envían un equipo externo que no son personas con formación, que no son idóneas, son militantes de la Libertad Avanza que contratan en las localidades”.

Bajo estas circunstancias, el Consejo Provincial de Discapacidad trabaja en la vía judicial a fin de contrarrestar los daños en las personas con discapacidad. “Estamos adjuntando todos los casos en los que de manera arbitraria se quitó la pensión. Queremos solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas y la nulidad de estas auditorías que son irregulares por donde las mire. Queremos que se investigue, que haya una revisión de los casos, pero no de esta forma. No cuestionamos el qué, sino el cómo. Cómo se hizo desde el inicio de año y cómo sucedió todo lo de las auditorías en Misiones”.

Quienes quieran sumar su testimonio pueden acercarse al Consejo Provincial ubicado en Posadas sobre avenida Santa Catalina 1778 o bien comunicarse al 3764739338. “También pueden contactarnos en las redes sociales de CoProDis Misiones”, aclaró.

El impacto en la economía familiar de personas con discapacidad

“La pensión tiene un valor de 270 mil pesos con el bono, que son 70 mil aproximadamente. Sabemos que es un monto bajo, pero para muchas personas es el único ingreso del hogar. Además, habilita a tener la cobertura del Programa Federal Incluir Salud, que cubre alimentos especiales, pañales, sillas de ruedas, ayudas técnicas, terapias y transporte. Eso también es fundamental para aquellas personas que requieren un mayor nivel de apoyo y que con lo que perciben no pueden costear”.

Finalmente, señaló que trabajan en un plan de emergencia provincial pero la solución sin lugar a dudas queda en manos del gobierno nacional pues es quien les quitó su sustento diario sin motivos que se sustenten.

“El gobernador presentó al presupuesto de la Cámara un aumento en inversión social, en salud, educación, seguridad social y alimentación. A partir de eso, el Ministerio de Desarrollo Social busca brindar contención a las personas afectadas. Pero todas las herramientas que podamos brindar difícilmente puedan suplantar este ingreso y la cobertura de salud. Es dinero que llega al bolsillo de la gente y que también impacta en la economía local”, cerró.

 

 

 

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