Loretta Preska negó suspender la entrega de acciones de YPF a Burford Capital, acusó a la Argentina de “tácticas dilatorias” y habilitó el cobro inmediato. El Gobierno ya apeló, pero crece el riesgo de desacato si no avanza en una solución negociada.

Tal como se anticipaba, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó el pedido de la Argentina para frenar la transferencia de acciones de YPF a Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigio en la causa por la expropiación de la petrolera en 2012.

El fallo representa un nuevo revés para el país en el extenso juicio por la estatización de YPF. Preska rechazó otorgar una nueva suspensión y cuestionó con dureza al Estado argentino. En su escrito, afirmó que “no cumplió con las condiciones previas” impuestas cuando se concedió una pausa sin garantías tras la sentencia de septiembre de 2023, y acusó al Gobierno de utilizar “tácticas dilatorias para eludir sus obligaciones”.

Según la magistrada, la Argentina “aprovechó al máximo” el tiempo adicional concedido por el recambio presidencial, pero “no realizó ningún esfuerzo significativo para cumplir con las exigencias del tribunal”.

Ante la inminencia del fallo negativo, el Gobierno nacional ya había presentado una apelación ante la Corte correspondiente. Sin embargo, la negativa de Preska habilita que Burford Capital avance con el cobro, vía la ejecución de las acciones de YPF.

Este escenario eleva el riesgo de que la Argentina sea declarada en desacato, aunque ese paso solo podría darse si los demandantes lo solicitan. “La última vez que el país estuvo en desacato fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el impacto fue limitado por el aislamiento internacional. Hoy la situación es distinta”, advirtió Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Y agregó: “Agotar las vías judiciales está bien, pero mientras tanto hay que pensar en estrategias de control de daños. Negociar no es debilidad: es mostrar que se busca una solución”.

La causa YPF se desdobla en varios frentes judiciales. Por un lado, la condena por USD 16.000 millones sigue firme en primera instancia y se encuentra bajo apelación. Pero ese proceso tiene un calendario más lento: aún no hay fecha para la audiencia en la Cámara, y se estima que no habrá una resolución antes de 2026.

Por otro, avanza el cumplimiento inmediato de la sentencia que ordena la entrega de acciones de YPF. Preska resolvió que no aceptará demorar esa ejecución hasta que se resuelva la validez de su propia orden. El ex viceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, recordó que incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que esa orden no sería válida, pero la jueza decidió seguir adelante de todos modos.

En 2023, Preska ya había condenado a la Argentina a indemnizar a Burford Capital con USD 16.000 millones por no haber respetado el derecho de adquisición de acciones previsto en los estatutos de YPF al momento de su expropiación.

Mientras la apelación general sigue en pausa, la pulseada judicial por la entrega de acciones pone al país frente a un riesgo legal y financiero creciente, en un contexto internacional donde cualquier nuevo conflicto puede tener consecuencias amplificadas.

 

• Argentina apeló el fallo que ordenaba entregar el 51?% de las acciones de YPF al fondo Burford