De qué trataba el artículo de Ganancias que el Gobierno eliminó de la reforma laboral: quiénes festejan y los perjudicados
La iniciativa contemplaba una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, pero fue retirada del dictamen final tras el rechazo de los gobernadores por su impacto en la recaudación.
Las grandes empresas seguirán pagando 30% de impuesto a las Ganancias (Getty Images).
En la recta final de las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 190 del dictamen, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, al bajar la alícuota del 30% al 27%. La medida formaba parte del capítulo fiscal de la iniciativa y fue retirada tras el rechazo explícito de gobernadores y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el impacto negativo en la recaudación provincial.
La eliminación de ese artículo fue presentada como una concesión política para destrabar el tratamiento del proyecto. Mientras las provincias celebraron la decisión por el alivio fiscal que implica, el sector empresario quedó sin uno de los beneficios que venía reclamando desde hace años. El resultado dejó en evidencia las tensiones entre la necesidad de construir mayorías legislativas y el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre el sector privado.
Qué decía el artículo eliminado y por qué generó resistencia
El artículo 190 establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.
Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias.
Desde la Casa Rosada argumentaban que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advirtieron que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes.
Desde el Gobierno esperaban que la baja de Ganancias repercutiera en la formalización de 400 mil puestos de trabajo (Freepik)
La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.
La negociación política y el giro del Gobierno
Ante la falta de apoyo, el Gobierno optó por eliminar el artículo del dictamen final. La decisión se enmarcó en una negociación más amplia que incluyó conversaciones con gobernadores, senadores y bloques aliados, con el objetivo de asegurar el tratamiento de la reforma en el Senado.
La versión definitiva del proyecto, presentada horas antes de la sesión, ya no incluye la rebaja de Ganancias para grandes empresas. De ese modo, el oficialismo buscó despejar uno de los principales focos de conflicto y garantizar el acompañamiento de las provincias.
La decisión de quitar la reducción de Ganancias tuvo efectos inmediatos y diferenciados. Las provincias resultaron las principales beneficiadas, ya que mantienen sin cambios una fuente clave de recaudación coparticipable. Para los gobernadores, el resultado permitió despejar el riesgo de un ajuste adicional en un contexto de restricciones fiscales y menor margen financiero.
Desde el sector empresario, en cambio, la reacción fue de decepción. La baja de la alícuota era un reclamo histórico de grandes compañías y cámaras empresariales, que sostenían que el nivel del impuesto en la Argentina es elevado en comparación con otros países. Para ese sector, la eliminación del artículo implica perder una oportunidad de alivio fiscal en el corto plazo.
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