La ex candidata opositora Gurina y el docente Sánchez sostuvieron que los piquetes con daños a comerciantes fueron parte de una protesta cole...
Tras rechazar la suspensión de juicio a prueba, la dirigente sindical Mónica Gurina y el docente Leandro Sánchez enfrentan un proceso por desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte durante la protesta en avenida Uruguay, en Posadas. Ambos negaron responsabilidad individual y solicitaron ser absueltos.
El debate oral contra la ex candidata opositora y referente gremial Mónica Gurina, y el docente Leandro Sánchez, se inició este martes a las 8.25 en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia de Posadas. Están imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”, presuntamente cometidos durante el acampe docente de junio de 2024 sobre la avenida Uruguay.

La audiencia se desarrolló ante la jueza Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores N°1. La fiscalía fue representada por María Laura Álvarez y la defensa por los abogados Eduardo Paredes, María Laura Alvarenga y Roxana Rivas. Antes del inicio, la defensa rechazó la suspensión de juicio a prueba ofrecida por el Ministerio Público.

Se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio y se acordó incorporar parte de la prueba testimonial por lectura, citando únicamente a cuatro testigos, entre ellos dos uniformados de la Policía de Misiones.
Durante la protesta de 2024, el acampe concentró alrededor de 15 carpas y más de 500 manifestantes, lo que generó reclamos por afectación del tránsito, dificultades operativas para empresas de transporte y enojo de comerciantes por baja de ventas. En ese marco, la fiscalía solicitó incorporar el testimonio del gerente de la firma Tipoka. La defensa objetó esa presentación y planteó que “el Ministerio Público incumplió con los plazos en el ofrecimiento de pruebas”.
Declaraciones de los imputados
Gurina negó responsabilidad penal y afirmó: “No somos culpables de nada, sólo pedíamos salario digno”. Además expresó: “Se juzga a una sindicalista en una época donde se mira mal a los sindicalistas”. Señaló que el conflicto tenía antecedentes y que los acuerdos salariales alcanzados “no se cumplieron”.
Sánchez, docente desde hace 20 años, sostuvo que las decisiones del acampe fueron colectivas. Contextualizó que las protestas docentes eran sobre el puente del arroyo Garupá y en otros puntos de la Provincia y no estaba centralizado en Posadas.

Describió “en la asamblea se decidió salir de allí (de Garupá) e ir a la Uruguay”, dijo, y agregó: “El derecho a la protesta es constitucional”. Ambos optaron por no responder preguntas tras sus declaraciones.
Primera etapa testimonial
El docente Carlos Lezcano declaró que el conflicto “no era sólo en Posadas” y que tuvo detonantes previos. Señaló que la protesta se profundizó tras una reunión fallida con el Ministerio de Hacienda el 1 de junio, y que el acta firmada el 7 de junio “no compensó la inflación”. Consultado sobre la ilegalidad del corte, afirmó que “la desesperación por los sueldos hacía imposible pensar en esos términos”.
Por su parte, Estela Genesini, secretaria general de UDNAM, sostuvo: “Cuando salimos a las calles, lo hacemos porque nuestros compañeros no dan más. Es nuestro último recurso”. Indicó que las decisiones se tomaban en asambleas y no de manera individual. También relató que la comunidad acercó alimentos al acampe y que muchos docentes comían allí durante la medida.
En su testimonio, Genesini mencionó denuncias administrativas vinculadas al ámbito educativo y afirmó que se presentaron reclamos por supuestas irregularidades salariales de funcionarios. En ese contexto, explicó que elevó reiteradas denuncias contra el ex ministro Miguel Sedoff y contra el ex subsecretario de Educación Técnico Profesional de Misiones, Gilson Berger.
Lo que sigue
Tras las declaraciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 7.30. En la próxima jornada está prevista la declaración de cuatro testigos —entre ellos dos policías— y luego los alegatos de las partes.
Gurina y Sánchez solicitaron su sobreseimiento y reiteraron que las medidas de protesta respondieron a resoluciones colectivas del sector docente.
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