La declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional por los incendios en las Sierras de Córdoba fue aprobada en el Senado. El proyecto plantea una serie de medidas para la recuperación de las zonas afectadas, mientras el debate se traslada a Diputados en medio de críticas y abstenciones que marcaron la votación.

Con el impulso de la oposición, el Senado aprobó la declaración de “emergencia ambiental, económica y habitacional” en Córdoba por 180 días. Esta medida puede prorrogarse por igual período a decisión del Poder Ejecutivo Nacional. La propuesta, que ahora deberá ser tratada en Diputados, se enfoca en los departamentos afectados por los recientes incendios y en varias localidades de las Sierras de Córdoba.

El proyecto contempla medidas financieras para restaurar las zonas dañadas y prevenir nuevos incendios en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Durante la votación, los legisladores de La Libertad Avanza por Jujuy, Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, y Bruno Olivera por San Juan, se abstuvieron, lo que generó críticas de toda la oposición.

La legisladora kirchnerista Juliana di Tullio expresó su descontento: “Estamos retrocediendo espantosamente, pero lo que sí está avanzando es la emergencia climática”. En consonancia, el cordobés Luis Juez, del PRO, también mostró su indignación: “No vamos a permitir que nos traten como unos imbéciles. ¿Qué más tiene que pasar en Córdoba para que el gobierno sepa que la estamos pasando mal?”.

 

Los bomberos trabajan sin parar desde hace días en un esfuerzo continuo.

 

Además, el segundo artículo del proyecto establece que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes destinará una partida extraordinaria para la reconstrucción de infraestructura y recuperación de actividades económicas. El texto detalla que estas acciones se coordinarán con el gobierno provincial y los municipales, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En este sentido, se implementarán líneas de crédito con tasas bonificadas para reparar viviendas y mantener actividades económicas clave. Sumado a esto, se suspenderán juicios y procedimientos administrativos de cobro de deudas vencidas antes de la emergencia por hasta 90 días, para permitir a las familias y emprendedores concentrarse en la reconstrucción.

De esta manera, el jefe libertario Ezequiel Atauche sugirió que el oficialismo consideraba la abstención debido a dudas sobre partidas presupuestarias, lo que provocó la furia de Juez: “No estamos hablando de plata. El proyecto simplemente establece un mecanismo que en la democracia es normal, que el Gobierno nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y que vea cómo le da una mano a la gente que la está pasando mal”.

 

 

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