Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas avanzó este martes con la firma de un dictamen unificado de mayoría del paquete fiscal que se debatirá el próximo jueves en la Cámara de Diputados junto con la Ley Bases.

Como parte del acuerdo entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal) se resolvió -con 27 firmas y 4 disidencias parciales- aceptar todas las modificaciones que hicieron los senadores a excepción de tres puntos.

La restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias sigue siendo la cuestión más problemática. Justamente por eso los gobernadores de Juntos por el Cambio también se involucraron personalmente en las negociaciones y hoy se reunieron con referentes de diferentes bloques para dejar en claro su interés en que se insista con la versión del proyecto que salió de Diputados.

Ese artículo fue rechazado en el Senado por 41 votos en contra contra 31 a favor. La versión de Diputados proponía subir el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%.

En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En caso de ser ratificada la versión original, por Ganancias el Estado recaudará el equivalente a 0,16 del PBI que irá al Tesoro y el equivalente al 0,24 del PBI que será coparticipable con las provincias.

La restitución del impuesto a las Ganancias es rechazada de forma enfática por los gobernadores patagónicos ya que quedarían alcanzados gran parte de sus trabajadores del ámbito privado y estatal debido a que tienen sueldos altos por el régimen salarial de las zonas desfavorables y las actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).

Al mismo tiempo, algunos diputados dialoguistas de provincias gobernadas por el peronismo manifestaron algunos reparos porque entienden que “pagarán el costo político” de subir el impuesto mientras que beneficiarán a gobernadores con los que compiten en el territorio y que encima mandan a sus legisladores a votar en contra.

 

Por otro lado, el Gobierno puso el foco en restituir la reforma del Impuestos a los Bienes Personales porque considera que es una forma de garantizar el éxito del blanqueo de capitales (para que no sean grabados quienes planean utilizar ese beneficio).

Según el proyecto que salió de Diputados, el nuevo piso del tributo pasará de $27 millones a $100 millones. Asimismo, la deducción por la vivienda familiar pasará a $350 millones.

Por otra parte, para las declaraciones juradas con los patrimonios hasta fin de 2023 las tasas serán, tal cual lo previsto, entre 0,5% y 1,50 por ciento. Entre 2024 y 2026 quedarían vigente solo dos alícuotas, entre 1,25% y 1,50% y desde 2027, una única tasa de 0,25 por ciento.

Además, el Poder Ejecutivo propone un esquema de pago anticipado del tributo por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“Reibp”), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total) precisa el articulado.

El tercer punto en discordia es la revisión de los gastos tributarios que impulsan principalmente los diputados de la Coalición Cívica. El texto original le ponía un límite al Gobierno de 60 días tras la sanción de la ley para suprimir o modificar exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier gasto tributario para “incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta 2% del PBI”. El ejemplo más utilizado fue el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que representa un costo de 0,37 del PBI.

Los dialoguistas negociaron con el oficialismo invertir el orden de los artículos en el dictamen para que en la sesión se debatan primero los gastos tributarios, luego Ganancias y finalmente Bienes Personales. “El peor escenario para los gobernadores sería que se caiga Ganancias y después salga Bienes Personales”, explicó un diputado de Hacemos Coalición Federal. Por eso se va a votar primero el punto más importante para las provincias.

Según pudo saber Infobae, el Gobierno contabilizaba el martes por la noche 146 votos para el artículo de gasto tributario, 140 para Bienes Personales y 129 para Ganancias. Por lo que los puntos importantes para la Casa Rosada serían aprobados el jueves.

 

MÁS DATA

En la Ley Bases el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron un dictamen unificado que acepta los cambios en el RIGI y dejaron fuera del capítulo de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios nacionales. La cita en el recinto será el jueves a las 12 y podría extenderse hasta la madrugada.

El oficialismo y la oposición dialoguista (PRO, HCF, UCR, Innovación Federal y Coalición Cívica) avanzaron hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales con la firma del dictamen del proyecto de Ley Bases que se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados este jueves a las 12.

Para simplificar la negociación política y agilizar el trámite parlamentario, el texto simplemente consta de un artículo donde se ratifican todas las modificaciones que se hicieron al texto en el Senado. El dictamen de mayoría obtuvo 66 firmas (LLA, PRO, UCR, HCF e IF). Mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la diputada socialista Mónica Fein.

“Las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales han considerado el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión Expte. (CD 37/2024) (13-06-2024) Mensaje 0007/2023 y Proyecto de Ley de bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (0025-PE-2023); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por el honorable senado en su totalidad, la cual consta de los siguientes Títulos: Título I – Declaración de Emergencia; Título II – Reforma del Estado; Título III – Contratos y Acuerdos Transaccionales; Título IV – Promoción del Empleo Registrado; Título V – Modernización Laboral; Título VI – Energía; Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones – RIGI; Título VIII – Medidas Fiscales para un Ajuste Equitativo y de Calidad; Título IX – Disposiciones Finales; y, Anexo I”, dice el texto que se consensuó.

El principal revés para el Gobierno fue el rechazo de los dialoguistas a insistir con la redacción original que salió de la Cámara de Diputados para volver a incluir Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina en la lista de empresas que se podrán privatizar.

La suerte de esas tres empresas quedó sellada ayer por la tarde cuando el bloque Hacemos Coalición Federal le informó al Gobierno que no estaban de acuerdo con insistir con la redacción original para evitar que la venta de las empresas públicas termine judicializada. El argumento fue que esas empresas fueron retiradas del texto antes de que los senadores lo aprobaran en general. Por lo tanto, técnicamente no sería una modificación.

La decisión del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto también terminó por saldar la discusión interna del bloque UCR. Así, ante la eventual falta de votos, se inclinó la balanza en favor de quienes pretendían “respetar los acuerdos que se hicieron en el Senado”. La posición de volver a incluir esas tres empresas quedó en minoría, representada por el jefe de bloque Rodrigo de Loredo, junto a Pamela Verasay, Martín Tetaz, Francisco Monti y Luis Picat.

El dictamen contemplará la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, más la privatización/concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones

El régimen de incentivo a las grandes inversiones fue uno de los puntos más debatidos en el Senado. En concreto, se modificó el artículo 165 para limitarlo a ciertos sectores: foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.

En tanto, hubo un gesto para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

Otro retoque importante se dio en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, sobre el cobro de exportaciones: será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Moratoria previsional

El título provisional fue retirado del texto antes de la votación en general. Por lo que la eliminación de la moratoria no se trató en el Senado y por lo tanto Diputados optó no insistir sobre ese punto para evitar discusiones reglamentarias. La misma situación aplica para la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para las personas que lleguen a le edad jubilatoria sin la cantidad de años de aportes. Esta iniciativa del radicalismo también quedó fuera del texto final que se debatirá el jueves.

Contratos y acuerdos transaccionales

La principal modificación fue que “se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”.

Reforma del Estado

Las facultades del Poder Ejecutivo para poder intervenir organismos públicos se limitó en el Senado aún más con la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Ya en Diputados se había elaborado un listado de organismos que quedaban protegidos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Además, en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se “garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos” en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Reforma laboral

El Senado bajó de 5 a 3 la cantidad de trabajadores colaboradores con los que podrá contar un trabajador independiente para llevar adelante un emprendimiento productivo. Será una relación autónoma y por lo tanto no existirá un vínculo de dependencia entre ellos.

Medidas anti bloqueos sindicales

Se podrá dar por terminada una relación laboral (grave injuria laboral) la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o se las retenga indebidamente.