En septiembre entra en vigencia la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal de Justicia, explicó que la provincia ya inició un proceso de “escucha activa” con operadores judiciales para adaptar el sistema y sus protocolos.

El próximo 5 de septiembre entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país y Misiones se posicionó como la primera provincia que comenzó a trabajar en su implementación. El proceso, que busca adaptar las estructuras judiciales a la Ley 27.801, inició con una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que establece una estrategia por fases. El ministro del STJ, Juan Manuel Díaz, detalló las etapas y los desafíos que implica el nuevo paradigma.

El funcionario judicial explicó que la etapa inicial se centra en un diagnóstico interno junto a los actores que ya trabajan en la materia. “La primera fase, que es la que estamos llevando adelante actualmente, consiste en un proceso de escucha activa, en la cual las protagonistas acá son todos los integrantes del fuero penal juvenil, de la Justicia Correccional y de Menores de nuestra provincia. Básicamente las juezas correccionales, hoy son tres mujeres las que están llevando adelante ese rol”, afirmó Díaz.

Además, el ministro señaló que este primer momento busca recoger la perspectiva de los operadores especializados para diseñar una implementación efectiva. “Son personas ya con una vasta trayectoria y formación en la materia, que tienen la oportunidad de expresar su opinión y su punto de vista para la implementación de esta ley. Ese es el primer momento”, puntualizó. El objetivo es identificar los desafíos operativos y normativos antes de la puesta en marcha de la normativa.

Para Díaz, es fundamental llevar adelante la implementación con previsibilidad y articulación entre los distintos poderes y organismos. “Misiones es la primera provincia del país en que inicia este proceso. Indiscutiblemente, más allá de las diversas opiniones que se puede tener desde el punto de vista dogmático respecto a una ley, la realidad es que hay que llevarla adelante con una previsibilidad y una articulación entre distintos actores que es fundamental. De lo contrario, el régimen no va a funcionar”, sostuvo.

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Un nuevo paradigma

El nuevo régimen introduce modificaciones sustanciales que van más allá de la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El ministro del STJ consideró que el cambio principal radica en el paradigma, que pasa de un modelo tutelar a uno que garantiza mayores derechos al menor. El objetivo central, según la ley, es la resocialización. “Muchas veces el niño, niña o adolescente está en un entorno que es excesivamente vulnerable o marginal y requiere contar con un apoyo que le permita superar esa condición, esa instancia, y en definitiva poder superarse y poder reintegrarse a lo que es una vida social en normalidad y libertad”, manifestó.

La normativa anterior, Ley 22.278, sancionada durante la última dictadura militar, respondía a un paradigma “inquisitivo y tutelar”. En contraste, la nueva ley establece el derecho a la defensa desde el inicio del proceso. “El menor, niño, niña, adolescente va a contar con un defensor desde las primeras instancias del proceso, que le va a asistir técnicamente. Eso, de alguna manera, lo que hace es replegar un poco al juez dentro de un perfil de una instancia en donde existe un principio acusatorio”, describió Díaz.

Otra figura clave que se incorpora es la del supervisor, un rol que no existía previamente. El ministro del STJ explicó la importancia de este nuevo actor. “Tiene que acompañar al juez para llevar adelante todo ese proceso de reinserción del menor, con informes periódicos, con un seguimiento constante y evolutivo. Esa figura de la del supervisor o supervisora va a cobrar una importancia muy característica y central dentro de todo el proceso de menores y hoy no está previsto en el régimen vigente”, indicó.

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Realidad provincial y estadísticas

La implementación de la ley representa un desafío para las provincias, que deben asumir los costos operativos. Díaz subrayó que el sistema federal asigna esta responsabilidad a las jurisdicciones locales. “El 80% de las causas que llegan a una instancia judicial en donde un conflicto se dirime ante autoridades judiciales, se tramitan ante las justicias provinciales. Este es otro ejemplo más de cómo eso se lleva adelante. Son las provincias las que la tienen que implementar, con los requisitos y las adicionalidades operativas que eso significa, porque requiere mayor recurso humano, mayor presupuesto”, advirtió.

En este contexto, el ministro propuso una “implementación misionera” que articule con instituciones locales como el CEMOAS y una red interinstitucional que incluya a los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y la Secretaría de Prevención de Adicciones. En cuanto a la incidencia del delito juvenil en la provincia, Díaz aportó datos de la Dirección de Estadística del Poder Judicial. “Contamos con un porcentaje que oscila entre el 5 y el 9% de la totalidad de las causas penales que involucran a niños, niñas y adolescentes. Ese es el número global. Después uno puede empezar a discriminar y advierte que los hechos más graves que pueden involucrar a niños, niñas y adolescentes se reducen a una expresión muy mínima”, detalló. Actualmente, menos de 30 menores cumplen penas privativas de la libertad en la Unidad Penal 4 y 5 por hechos graves.

 

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