Desde la derogación de la Ley de Alquileres hace más de un año, el mercado inmobiliario en Argentina sufrió transformaciones que redefinieron la realidad de los inquilinos.

La posibilidad de establecer contratos de alquiler de dos años, con actualizaciones frecuentes basadas en la inflación, y un aumento en el stock disponible son solo algunas de las nuevas dinámicas que moldean el panorama actual. Sin embargo, pese a una aparente desaceleración en el aumento de los precios, la situación para los inquilinos sigue siendo precaria y llena de desafíos.

Según el último Informe Socioeconómico de la Encuesta Nacional Inquilina, elaborado por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, el año 2024 estuvo marcado por fuertes incrementos en el costo del alquiler, plazos contractuales más cortos y actualizaciones mensuales o trimestrales. Estos ajustes, muchas veces desvinculados de los incrementos salariales, generaron que una gran cantidad de inquilinos recurran al endeudamiento para poder cubrir los gastos relacionados con la vivienda.

Desalojos económicos

El informe revela que uno de cada cuatro inquilinos (25%) tuvo que mudarse en los últimos tres meses debido a la imposibilidad de afrontar el costo del alquiler. Este fenómeno, conocido como desalojo económico, afecta principalmente a quienes se encuentran fuera del alcance de la Ley de Alquileres, que representaron el 94% de los casos de mudanzas. En contraste, solo el 6% de los desalojos ocurrió bajo contratos regidos por la ley.

La encuesta también detalla que, en promedio, los hogares destinan el 44,6% de sus ingresos al pago de alquileres y expensas. Este elevado porcentaje representa una carga que dificulta a muchas familias llegar a fin de mes. Además, el 87,8% de los inquilinos encuestados teme no poder cumplir con los pagos en los próximos meses, y casi la mitad (49,5%) asegura que ya enfrenta dificultades.

El impacto de estos costos no solo afecta el bolsillo, sino también la calidad de vida. El 91% de los inquilinos admitió haber recortado gastos esenciales para poder pagar el alquiler. Entre ellos, el 44,9% redujo su presupuesto para alimentos y el 48,4% en salud. Asimismo, el 90% de los encuestados recortó gastos recreativos y el 84% redujo el gasto en vestimenta.

Durante 2024, los precios de los alquileres se incrementaron en un 205%, duplicando la tasa de inflación anual. En comparación con los valores relevados en septiembre, se registró un aumento promedio del 20% en los alquileres. Estas cifras reflejan un mercado cada vez más inaccesible, especialmente para quienes tienen ingresos más bajos.

Condiciones contractuales precarias

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, solo el 10% de los inquilinos está bajo contratos que contemplan plazos de tres años y actualizaciones anuales mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL). En su lugar, predominan los contratos de dos años (66,5%) y aquellos con duraciones iguales o menores a un año (23,4%). Además, el 70% de los contratos incluye aumentos cada tres o cuatro meses, y el 64% ajusta los precios según la inflación.

A las dificultades para pagar el alquiler se suma el aumento en las expensas, que en promedio representan el 20% del costo del alquiler. En 2024, las administraciones de consorcios trasladaron gastos de reparaciones y mantenimiento directamente a los inquilinos, incrementando aún más la carga financiera.

La lucha por la emancipación

Otro dato preocupante del informe es el retraso en la edad de emancipación, que actualmente se sitúa entre los 26 y 30 años. Las altas exigencias del mercado inmobiliario, como la necesidad de garantías y recibos de sueldo en blanco, sumadas a los elevados costos, impiden que muchos jóvenes puedan independizarse.

El informe también pone de manifiesto las condiciones laborales de los inquilinos. El 51% trabaja entre 9 y 12 horas diarias y el 40% tiene más de un empleo para poder afrontar los gastos de alquiler. Además, el 31% de los encuestados está buscando trabajo adicional, y el 6,4% declaró haberse quedado sin empleo durante el año.

La situación descrita en el informe muestra la urgencia de adoptar medidas que protejan a los inquilinos y garanticen un acceso más equitativo a la vivienda. Si bien la derogación de la Ley de Alquileres buscaba dinamizar el mercado, los resultados fueron desiguales, favoreciendo a propietarios e inmobiliarias mientras los inquilinos enfrentan una precariedad creciente.