El gobierno de Misiones se encuentra en la etapa final de certificación del programa jurisdiccional REDD+, que busca reconocer y comercializar créditos de carbono generados por la reducción de la deforestación. Esta iniciativa podría representar ingresos de más de  USD 55 millones para la provincia y está previsto que se concrete durante el primer semestre del 2025.

Augusto Abdulhadi, asesor del Ministerio de Ecología destacó la importancia de la certificación, no solo en términos económicos, sino también ambientales. Los créditos de carbono son un mecanismo internacional que permite a entidades o gobiernos obtener beneficios económicos por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Misiones implementa este programa desde hace tres años, tomando como base la reducción de la deforestación entre 2017 y 2022, en comparación con un período de referencia (2009-2014).

“El objetivo es certificar 10 millones de créditos de carbono por esta reducción”, explicó Abdulhadi. Para lograrlo, la provincia utiliza un sistema metodológico avalado por el estándar internacional de la certificadora Verra, que auditó el programa en mayo de este año.

La certificación es un proceso extenso y complejo. En julio, la auditoría realizada a la iniciativa arrojó hallazgos que actualmente son analizados por un equipo compuesto por funcionarios de los ministerios de Hacienda, Cambio Climático y Ecología, junto con consultores privados. “Esperamos completar esta etapa en el primer semestre de 2025, aunque el tiempo dependerá de posibles nuevos requerimientos de información”, detalló Abdulhadi.

Una vez certificadas, estas reducciones podrán ser comercializadas en el mercado voluntario de créditos de carbono, donde los precios oscilan dependiendo de la oferta y demanda. La provincia proyecta un valor promedio de USD 5 por crédito.

El programa REDD+ promete beneficios directos e indirectos para diversos actores. Un 30% de los ingresos generados se destinará a propietarios de bosques nativos como pago por resultados, otro 30% financiará iniciativas vinculadas a municipios, comunidades originarias, ONGs y sector privado, mientras que el restante se usará para fortalecer la estrategia provincial REDD+.

Propietarios de pequeñas reservas privadas recibirán pagos adicionales. “Queremos adaptar los beneficios a la realidad misionera, considerando criterios como el tamaño de las propiedades o su ubicación dentro del Corredor Verde”, explicó Abdulhadi. Esto podría representar pagos de entre USD 6 y 22 por hectárea, dependiendo de las características de cada predio.

A pesar de que el programa está en proceso de certificación, algunas empresas radicadas en la provincia ya expresaron su interés. Además, se realizó talleres y reuniones con distintos sectores para informar sobre los alcances y beneficios del programa.

“El programa REDD+ también permite que los propietarios privados desarrollen sus propios proyectos de créditos de carbono, siempre que informen a la provincia para evitar superposiciones”, aclaró Abdulhadi.

Misiones se posiciona como pionera en Argentina con este programa. “No existen antecedentes de un programa subnacional de créditos de carbono como este”, destacó Abdulhadi. Su continuidad está garantizada hasta 2030, con evaluaciones periódicas cada dos o tres años para verificar nuevas reducciones de deforestación.

La experiencia podría ser el puntapié inicial para otras iniciativas relacionadas con servicios ecosistémicos, biodiversidad o energías renovables. “Es un programa que abre camino para otras provincias y consolida el perfil ambiental de Misiones”, agregó.

Aunque el programa no depende de legislaciones nacionales, su impacto podría ampliarse si Argentina desarrollara un marco regulatorio para mercados de carbono. Actualmente, Misiones apunta al mercado voluntario, donde ya existen acuerdos preliminares de compra.

En el ámbito internacional, iniciativas como REDD+ cobran relevancia ante la creciente preocupación por el cambio climático. Abdulhadi señaló que Misiones recibió la visita de ONGs extranjeras interesadas en evaluar el programa, lo que refleja su potencial como modelo a nivel global.

Con esta propuesta, la provincia no solo protege su riqueza natural, sino que también crea oportunidades económicas que podrían marcar un hito en la gestión ambiental de Argentina. “Es una iniciativa única, innovadora y con beneficios tangibles para todos los actores involucrados”, concluyó Abdulhadi.

 

 

 

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