Se otorgó una mejora del 8% en marzo para los trabajadores del sector público. ATE, el gremio más combativo de la actividad, rechazó el incremento y denunció que es una maniobra para que levanten el paro de 48 horas en el Senasa.

El Gobierno otorgó un aumento salarial del 8% en marzo para los empleados de la administración pública nacional y los organismos públicos, aunque en la reunión de esta tarde donde se definió la mejora, con la presencia de los dos sindicatos estatales, uno de ellos rechazó la cifra y ratificó las medidas de fuerza contra el ajuste y los despidos en el Estado.

Del encuentro, que tuvo lugar en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114, participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar.

Mientras UPCN aceptó el aumento y destacó que representa un total acumulativo de 175,72% en el período junio 2023-marzo 2024, ATE rechazó el aumento por insuficiente y consideró que la reunión por la paritaria estatal fue “una maniobra” para que el gremio levante el paro de 48 horas dispuesto para este martes y miércoles por el posible despido de empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que paralizará los puertos, aeropuertos y aduanas.

La medida de fuerza, según el sindicalista, “va a impactar fuerte en la economía y frenar por completo el comercio internacional de nuestro país”. “No vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones y no vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales”, advirtió Aguiar al anunciar el paro de 48 horas.

El paro, según se prevé, limitará por algunas horas el ingreso de divisas ya que frenará las exportaciones y podría provocar el ingreso al país de productos no autorizados.

Esta mañana, el dirigente publicó en las redes sociales un mensaje dirigido a Javier Milei: “Con esta maniobra (por la paritaria estatal) usted intenta que levantemos el paro de ATE y eso no va a suceder. También le adelantamos que volveremos a rechazar su oferta si la misma no garantiza la plena recuperación del poder adquisitivo perdido. En tan solo tres meses su gobierno ha destrozado los salarios y las jubilaciones. Además, no se olvide que la propuesta debe contemplar la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de los 70.000 contratos que vencen a fin de mes. No creemos que en las negociaciones de hoy pueda existir algún acuerdo”.

Para finalizar, dijo: “Usted no va a cambiar y nosotros tampoco. Usted seguirá intentando debilitar el Estado a su mínima expresión para garantizar los intereses de sus mandantes, las corporaciones. Y nosotros seguiremos profundizando la lucha. Ya va a ver. ¡A huelga y movilización lo vamos a detener!”.

La nueva instancia de la paritaria estatal de esta tarde estaba prevista para fines de la semana pasada y se postergó. Fue la continuidad del último encuentro, realizado el 19 del mes pasado, en que el Gobierno anunció un aumento del 12% en febrero para el sector. La mejora salarial fue aceptada por UPCN y rechazada por ATE, que alertó que “el Gobierno el que nos está empujando al conflicto”.

Según fuentes gremiales, con aquel 12% que se otorgó, el total acumulativo del período paritario 2023-2024 (junio-febrero) fue del 155,30% de incremento salarial para los trabajadores de la administración pública nacional incluidos en el convenio colectivo 214/06. En enero pasado, el Gobierno había dispuesto un aumento del 16% en los sueldos del personal del Estado.

Este escenario se complica por el vencimiento de miles de contratos en el Estado que no serán renovados, el 31 de este mes, algo que detonará nuevas protestas sindicales. Aguiar estimó que “son más de 70.000 los contratos que vencen el 31 de marzo” y anticipó: “Vamos a definir nuevas medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes. Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían anticipar su llamado a una nueva huelga nacional”.

El gremio denunció el despido de 1200 empleados de ANSES por parte del gobierno nacional y aseguró que las cesantías empiezan a sentirse en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto Geográfico Nacional y en el Servicio Meteorológico Nacional.

 

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