La firma SUSA cobra millones, pero no le alcanza para emitir SUBE...
La empresa Servicios Urbanos recibió en el primer trimestre del año la millonaria suma de $446 millones de la Provincia en concepto del Fondo de Compensación Provincial, de un total de 765 millones que se repartieron entre unas 40 empresas.
La entrega de los fondos a Servicios Urbanos SA (SUSA) se fundamenta en un acta firmada el año pasado por la Provincia, desconocida públicamente, donde las empresas y el Gobierno le otorgan el poder para recibir y administrar los fondos municipales, nacionales y provinciales destinados al servicio de transporte y repartirlo entre las empresas del Sistema Integrado de Posadas, de Oberá y el servicio provincial.
Junto con la resolución se publicó una planilla con los montos del reparto del primer trimestre: Casimiro Zbikoski se llevó $197 millones; Tipoka $133 millones; Nuestra Señora del Rosario $30,5 millones, Bencivenga $9,3 millones y Servicios Urbanos que no presta ningún servicio al usuario de transporte, no tiene colectivos y solo se encarga de administrar la tarjeta SUBE se queda con $57,5 millones.
Pese a esto, la empresa no estuvo emitiendo tarjetas SUBE en los primeros meses del año, obligando a los pasajeros a pagar el boleto en efectivo, más caro, con el argumento de problemas en el abastecimiento de plásticos. Y exigiendo que los niños que concurren a la escuela abonen su pasaje con un celular, a través de una billetera electrónica que requiere el uso de internet y la carga de datos.
Reparto discrecional
Mediante la resolución 164 del Ministerio de Hacienda se aprobó la planilla de empresas de transporte que prestan servicio público de pasajeros por automotor urbano e interurbano por el importe de $764 millones correspondiente a enero, febrero y marzo del 2023, en el marco del subsidio otorgado por decreto 131/2023. Como anexo se publica un listado de empresas y montos donde se observa una notoria diferencia en favor de las empresas del Grupo Z sobre el resto.
Sacando las empresas del Grupo Z, las que más dinero reciben en ese reparto son: Krause SA con $15,5 millones; Tiemesmann y Arenhardt $14,5 millones; Horianski $6,7 millones; Y Next de Oberá (integrante del Grupo) $5 millones.
Polémica acta de 2022
En julio de 2022, el Gobierno y las empresas firmaron un acta donde le otorgaron a SUSA el poder de recibir y administrar todos los fondos correspondientes al servicio de transporte público (con excepción del fideicomiso de 2007 creado con el único fin de financiar el sistema integrado de transporte).
Quiere decir que antes de llegar a las empresas que prestan el servicio, los millonarios fondos deben pasar por las manos de esta empresa.
El acta de julio de 2022, que se convalidó mediante el decreto 1160/22 no tiene otro fundamento que otorgarle el manejo total de los fondos a SUSA.
Se indica en la cláusula segunda que: “Las empresas acuerdan la derivación para su gestión por Servicios Urbanos de la totalidad de los fondos que componen los ingresos del sistema de transporte” pero, con excepción del fideicomiso que fue creado por decreto 171/2007 del Ejecutivo provincial de aquel año.
En la cláusula cuarta las empresas aceptan la disminución del 7% total “para el funcionamiento del SUBE Misionero”. Con ese argumento SUSA se queda con los $57,5 millones del primer trimestre. En la cláusula sexta SUSA “se compromete a la total renovación tecnológica necesaria del actual sistema SUBE Misionero invirtiendo la suma de US$ 3.000.000 de modo de posibilitar el fiel cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de contabilizar y registrar las personas usuarias en los sistemas”.
Y en la séptima SUSA se compromete a la “inmediata y efectiva renovación tecnológica del sistema de percepción tarifaria del sistema de transporte urbano y metropolitano”. Desde el año pasado a la fecha los equipos tecnológicos no se renovaron y el titular de la empresa admitió en declaraciones televisivas que están desactualizados y estaba esperando acordar con el Gobierno (¿más subsidio?) la manera de hacer la inversión.
El fideicomiso
Si bien es cierto que los montos no se conocen y tampoco fueron publicados nunca en el Boletín Oficial de la Provincia, lo cierto es que se encuentra en vigencia un fideicomiso que fue creado en 2007 por decreto 171 del Ejecutivo que otorga al Sistema Integrado un porcentaje fijo de la recaudación de rentas de Misiones (Agencia Tributaria).
Ese porcentaje se habría modificado en los últimos tiempos y según versiones no oficiales ascendería durante los primeros meses del año 2023 a unos $430 millones mensuales.
Esta cifra, de por sí abultada se distribuye solamente entre las empresas que integran el Sistema Integrado de la capital misionera donde el Grupo Z es el mayor beneficiario con casi el 90% del negocio.
La ampliación del Sistema Integrado al municipio de Oberá y toda la zona centro de la provincia habría sido el motivo que derivó en un aumento del porcentaje fijo de rentas que se destina a financiar el transporte.
La pregunta del millón: ¿Quién es SUSA?
Cuando corría el año 2014 el entonces diputado provincial del Partido Agrario y Social Héctor “Cacho” Bárbaro, había denunciando que se encontraba totalmente verificada y probada la relación entre la empresa Servicios Urbanos SA que maneja las tarjetas y el grupo de transporte urbano que maneja la firma Casimiro Zbikoski SA.
“En 2007 inscribieron la empresa ‘Servicios Urbanos Sociedad Anónima (SUSA) en el Registro Público de Comercio y en el acta constitutiva, que es un acta de escribano, consta que quienes fundaron la empresa son Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario. Ellos pusieron el capital inicial para crear la firma Servicios Urbanos SA con el objeto de hacerse cargo de la emisión de tarjetas de boleto electrónico y la colocación de las máquinas expendedoras, así que queda claro que la relación es innegable”, había denunciado en aquella oportunidad el actual legislador nacional.
“No se puede seguir diciéndole a la gente que las SUBE se pusieron para controlar si hay un control falso, porque nadie se controla a sí mismo, es una estafa a la credibilidad pública y una burla a la gente, y un negocio que queremos develar porque es millonario y perjudica a miles y miles de ciudadanos”, había arremetido Bárbaro luego de acceder a las actas del Registro Público en las que consta la fundación de Servicios Urbanos con aportes en el ciento por ciento de acciones por parte de las tres firmas de colectivos.
