El per saltum a favor de tres jueces desplazados por el oficialismo causó sorpresa y de inmediato malhumor en el Gobierno. Esa fue la primera reacción frente a una decisión de la Corte Suprema que hace apenas diez días consideraban de mínima improbable en el circuito de Olivos.

Las respuestas iniciales estuvieron restringidas a figuras más ligadas a Cristina Fernández de Kirchner que a Alberto Fernández, mientras se hacía circular cierta expectativa sobre la resolución de fondo, tal vez en dos semanas. El enojo, de todos modos, asomaba persistente por su doble mensaje: el freno a la ofensiva oficialista, al menos inicial, y el sustento de la decisión, unánime aunque sin disimular internas en el primer escalón de la Justicia.

Precisamente, esa reacción de cuerpo pareció fruto del propio y mal evaluado juego del Gobierno. La fuerte presión colaboró mucho a desarmar el reflejo repetido de dilatar lo más posible una definición y generó espacio para la cita extraordinaria decidida por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, de difícil o mala relación con otros integrantes del tribunal.

Conocedores del terreno judicial creen que las jugadas públicas y reservadas desde el poder político habrían provocado el “milagro” de una respuesta que no aparecía en la evaluación de la Casa Rosada aunque latía en la desconfianza del kirchnerismo duro.

La decisión de la Corte genera un cambio sustancial en esta pulseada, con expresión abierta en el reclamo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, todos con participación en el trámite de causas por corrupción. Ese cambio es en rigor un desafío para el Gobierno, porque lo que hasta ahora fueron cuestionables declaraciones y presiones sobre la Justicia –y no sólo por este caso- puede transformarse en una verdadera batalla abierta con riesgo de conflicto institucional y con efectos nocivos en casi todos los planos, incluida la economía.

Cristina Kirchner, al frente de una sesión virtual en el Senado. Motorizó desde allí el desplazamiento de jueces.

Habrá que ver en las próximas horas si el propio Presidente y la primera línea oficialista aceleran o frenan la pelea, tal vez por cálculo, a la espera de la decisión de fondo. O si escalan, porque evalúan que le desenlace será la reposición de los jueces o porque creen que puede cambiar el curso de los acontecimientos. En cualquier alternativa, el resultado sería aún más grave que el registrado hasta ahora en términos de impacto.

El problema repetido en estos casos consiste en analizar de manera aislada el problema. En medios oficialistas, se considera que el tema judicial sólo afecta a una franja social sino reducida al menos no mayoritaria. Puede ser una subestimación, cierto desdén descalificador sobre sectores de clase media, pero a la vez es una mirada reduccionista. Ocurre que una batalla abierta con la Corte se sumaría a otros factores como la reforma del fuero federal y la “Comisión Beraldi” y podría ampliar las referencias ya crecientes al papel de los medios, como ingrediente de una repuesta categoría destituyente. Ecos del pasado, pero no sólo eso.

Una trepada de ese tipo sólo agregaría incertidumbre a la economía en general, y no sólo a los mercados, en el contexto de la crisis económica y social profundizada por la cuarentena. Es llamativo porque el Gobierno registra a su modo ese agotamiento, con el agregado de cifras de contagios y muertes significativas, y con varias provincias en ascenso cuando podría estar estabilizándose la situación en la Capital y en Buenos Aires. Esos números exponen el mal manejo de restricciones pasada la primera etapa de aislamiento. Y el recuento de víctimas en la Provincia provoca un descrédito que trasciende al coronavirus.

Pero aún negando el peso del contexto, el Gobierno se enfrenta a un período de dos o tres semanas, según trasciende desde Tribunales, antes de que la Corte resuelva la cuestión de fondo sobre los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay quienes dicen creer en un fallo que al final le daría la razón al trámite motorizado por CFK y coronado por un decreto presidencial. Más escépticas, otras opiniones consideran que la admisión del per saltum proyecta el fracaso de la movida que arrancó en el Consejo de la Magistratura, siguió en el Senado y terminó en el Boletín Oficial.

En esa línea, aunque en otra vereda, fuentes de la oposición destacan que la decisión de la Corte expresa un reconocimiento de la gravedad institucional del caso y consideran que su efecto suspensivo es un dato central. Agregan, por supuesto, los antecedentes de la propia Corte, la ahora famosa acordada 7 de 2018 que avaló el traslado de jueces.

El Gobierno defendió su decisión sosteniendo que fueron irregulares los pases de magistrados durante la presidencia de Mauricio Macri. No fue un hecho original de esa gestión. Pero además, la movida oficialista superó largamente la línea argumental y apuntó directamente a la Corte en conjunto.

Hubo de todo, hasta pasos desconcertantes, en medio de una disputa en la que también intervino la oposición y que tuvo estribaciones por afuera de la política tradicional: un par de concentraciones frente a Tribunales, consignas en los “banderazos”, y hasta algún escrache, práctica repudiable que no termina de ser desterrada.

Alberto Fernández apuntó directamente a Rosenkrantz, con frases insinuantes sobre alguna operación política, e incomodó a Elena Highton, de buen vínculo con el Gobierno, con una advertencia sobre las políticas de género en el ámbito de la Justicia. Nadie quedó afuera. Desde fuentes oficialistas se descalificó a Juan Carlos Maqueda, por su relación con el peronismo cordobés; se volvió a disparar con frases sobre deslealtades contra Horacio Rosatti y reaparecieron viejos recelos con Ricardo Lorenzetti.

En la decisión de ayer, la Corte expuso algo más que cuestiones de criterio. Pero emitió un único mensaje. Rosenkrantz fue con voto propio y los otros cuatro integrantes del tribunal lo hicieron en conjunto. Todos aceptaron el per saltum. La inquietud de los días previos anticiparía ahora días más densos.

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A pesar de la resolución de la Corte Suprema, el kirchnerismo seguirá adelante con el desplazamiento de otros siete jueces en el Senado

El oficialismo no descarta avanzar con los acuerdos pendientes, aunque difícilmente haya dictamen esta semana. Juntos por el Cambio cuestiona los procedimientos

Por Analia Argento

30 de Septiembre de 2020

aargento@infobae.com

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Cristina Kirchner, presidenta del Senado (Franco Fafasuli)

Diez fueron los pliegos que el Poder Ejecutivo remitió al Senado para analizar si correspondían o no los traslados. Tras la decisión de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli de acudir a la Corte y desconocer y faltar a la audiencia pública convocada por la comisión de Acuerdos que preside Anabel Fernández Sagasti, el oficialismo rechazó sus pliegos y escuchó a los otros siete jueces que aceptaron el mecanismo y esperaban una decisión. La Audiencia tuvo lugar el 4 de septiembre pero aún los magistrados en cuestión esperan la resolución del Congreso.

A pesar del la decisión de la Corte de aceptar el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, fuentes del Frente de Todos indicaron a Infobae que se sigue trabajando en el análisis de los acuerdos pendientes, trámite con el que la oposición de Juntos por el Cambio disiente, razón por la que tampoco participó esa bancada de la Audiencia pública, se retiró de la sesión en la que se rechazaron sus pliegos, y tampoco participa esta semana en las tres audiencias convocadas para designar fiscales, defensores y jueces federales en todo el país.

En el oficialismo, de todos modos, aseguran que difícilmente haya dictámenes al respecto en los próximos días.

Juan Manuel Iglesias

1- Juan Manuel Iglesias. Fue designado como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y luego trasladado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco. En la audiencia contó que él mismo pidió su traslado por cuestiones familiares "y por el trabajo que inicié en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, vinculado a la necesidad de realizar un proyecto laboral a largo plazo”.

“Entendí que la modalidad para mi traslado eran las correctas”, añadió. Pidió continuar en el cargo que ocupa desde octubre del 2017. Fundamentó a su favor que el tribunal pasó de 20 audiencias anuales a 300. Le consultaron su opinión sobre la reforma judicial del Gobierno y respondió que “era necesario una reforma, una mayor distribución de jueces genera una mayor distribución de Justicia, ese artículo otorgaría una mayor independencia a los jueces”.

 

 

 

Zunilda Niremperger

2- Zunilda Niremperger. Fue trasladada del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, Chaco, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 también de Resistencia. Dijo que es jueza por concurso y no se mostró disconforme con la posibilidad de regresar al juzgado número 2 aunque explicó que consideró “legítima" su situación. 

En el año 2018 Niremperger procesó y dictó la prisión preventiva a Aída Ayala, diputada nacional, ex funcionaria de Mauricio Macri y referente de la UCR en Chaco. Además pidió su desafuero en el marco de una causa por lavado de dinero durante su gestión como intendenta de la capital de su provincia, aunque luego la diputada se benefició con un fallo de Cámara. El último día del 2019 volvió a procesarla, sin prisión preventiva, y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”. 

También investigó al ex gobernador de la provincia Domingo Peppo, adversario del actual gobernador Jorge Capitanich. Le preguntaron si no había sido trasladada muy rápidamente y contestó que considera que el espíritu de las regulaciones aplica para traslados inmediatos o para casos en que, por ejemplo, se nombre a alguien por concurso en un juzgado alejado, de fácil acceso, para luego ser trasladado a Comodoro Py. Tiene también competencia electoral.

Federico Villena

3-Federico Hernán Villena. Fue designado Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno y luego trasladado al Juzgado Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Se trata del juez que investigó, hasta que fue apartado, el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes políticos de Cambiemos y del peronismo, entre ellos a Emilio Monzó y Nicolás Massot, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe del interbloque macrista respectivamente. En su caso cambió de jurisdicción.

Verónica Skanata

4-María Verónica Skanata. Su pliego fue aprobado como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Misiones, pero luego fue trasladada al Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas, también Misiones. Tiene 43 años, se recibió de abogada en el 2001 en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial en el año 2002 y en 2007 concursó para el Juzgado Federal de Oberá. En 2014 comenzó a subrogar en el juzgado de Posadas donde fue trasladada en 2015. La crítica es que no concursó para la competencia electoral y que el traslado no tuvo acuerdo del Senado, además de que cambió de jurisdicción.

Enrique Velázquez

5- Enrique Gustavo Velázquez. Tuvo acuerdo como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la Capital Federal y por decreto pasó al Juzgado Nacional de Menores N° 7 de la Capital Federal. Tiene 64 años y según dijo el juez que cambió de competencias no solo de juzgado, realizó varios cursos sobre minoridad en la Asociación de Magistrados. El suyo es el traslado de más vieja data en análisis, tuvo lugar en enero de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Velázquez cobró notoriedad cuando procesó y embargó al policía Luis Oscar Chocobar por $ 400 mil en el marco de la investigación por presunto “exceso de legítima defensa”. Por esa decisión el juez fue cuestionado por el entonces presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes elogiaron y ascendieron al policía que será juzgado en octubre por matar a un joven que asaltó y apuñaló a un turista en La Boca.

El juez intervino a favor de obreros que tomaron la textil Brukman y consideró que no cometieron delito de usurpación como denunciaban los dueños. Con varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, sólo fue apercibido por firmar hojas en blanco para que sus empleados dictaran resoluciones en su ausencia.

Esteban Hansen

6-Esteban Eduardo Hansen. En diciembre del 2018 pasó del Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, en Jujuy, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de la misma provincia que tiene competencia electoral, por lo que se cuestiona que no recibió acuerdo para desempeñarse en esa materia. El peronismo apunta que podría haber intencionalidad política a favor del gobierno de Gerardo Morales en su designación. En su caso era juez subrogante y solicitó el traslado, que fue aprobado por el Consejo de la Magistratura antes del decreto presidencial que lo designó.

Eduardo Farah

7-Eduardo Guillermo Farah. Fue trasladado, a su pedido, como juez integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Fue uno de los jueces que firmó la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de Indaló en 2018. Señaló que él mismo solicitó el traslado por cuestiones personales.

“Durante meses en los medios y redes sociales criticaron el fallo en el cual participé y pusieron en tela de juicio mi credibilidad difamándome con mensajes ofensivos hacia mi persona” y además “fui denunciado penalmente”, aseguró. “A partir de esa situación decidí pedir mi traslado como la mejor forma de preservarme a mí y a mi familia”.

Aseguró que “las investigaciones que se hicieron sobre mí finalmente terminaron dándome la razón. En la denuncia penal fui sobreseído. Se determinó que yo no había dictado un fallo contra la ley y que los movimientos en mi patrimonio en ese período eran regulares”. El juez fue denunciado ante la Justicia Federal por cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Aunque fue designado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó resoluciones en contra de su Gobierno y falló en contra de la constitucionalidad del Memorandum con Irán.