La Justicia secuestró un celular y una computadora que serán peritados por la SAIC. Los procedimientos se realizaron en el edificio municipal, la vivienda del jefe comunal y un vehículo oficial.

En las últimas horas, la Justicia misionera avanzó con nuevas medidas en la causa iniciada por una denuncia por presuntos delitos contra la integridad sexual contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer. En ese marco, se realizaron allanamientos en la Municipalidad local, en la vivienda particular del jefe comunal y en un vehículo oficial utilizado por el funcionario.

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Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, luego de que la denunciante ratificara su presentación ante el juzgado y ampliara su declaración sobre los hechos que atribuye al intendente.

Durante los operativos, en los que participaron efectivos de la Policía de Misiones, los investigadores secuestraron un teléfono celular perteneciente al jefe comunal y una computadora. Ambos dispositivos serán sometidos a peritajes técnicos por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), una dependencia del Poder Judicial provincial especializada en el análisis de evidencia digital y en investigaciones de delitos complejos.

Los allanamientos se realizaron en el despacho del intendente dentro del edificio municipal, en su domicilio particular y también en un vehículo oficial utilizado por Peyer. El objetivo de las medidas es recolectar posibles elementos de prueba vinculados a la investigación en curso.

La causa se inició tras una denuncia presentada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico por una mujer de 31 años que se desempeña en el ámbito del Concejo Deliberante de Caraguatay.

Según consta en la presentación judicial, la denunciante relató que las situaciones de acoso habrían comenzado a mediados de 2025. Uno de los episodios mencionados habría ocurrido el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente la convocó a su despacho para tratar cuestiones relacionadas con su situación laboral.

En su declaración también señaló que el hecho más grave habría ocurrido el 4 de septiembre de 2025 dentro de una oficina del edificio del Concejo Deliberante. De acuerdo con su testimonio, durante una conversación en ese lugar se produjo un forcejeo que derivó en un presunto abuso sexual.

Tras la ratificación de la denuncia, el magistrado dispuso además una prohibición de acercamiento del intendente hacia la denunciante, lo que incluye cualquier tipo de contacto personal, telefónico o virtual.

En paralelo, la mujer presentó recientemente otra denuncia contra el jefe comunal por presuntas amenazas. Según indicó, el funcionario habría pasado frente a su domicilio en un vehículo y le habría dirigido un mensaje intimidante.

Pese a las medidas dispuestas en la causa, Peyer continúa en libertad. De acuerdo con fuentes consultadas, la semana próxima está previsto que se tomen declaraciones testimoniales a personas del ámbito laboral de la denunciante y del intendente para determinar si observaron situaciones fuera de lo habitual.

Además, indicaron que el juez deberá informar a los concejales sobre el avance de la investigación, ya que el intendente cuenta con inmunidad legal mientras se encuentre en funciones. En ese sentido, el Concejo Deliberante podría intervenir a pedido del magistrado o de oficio en relación con los fueros del jefe comunal.

La investigación continúa en etapa preliminar y las medidas ordenadas forman parte de las diligencias destinadas a reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

 

 

 

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