Las razones detrás del cortocircuito entre el Gobierno y Provincias Unidas que hizo fracasar la sesión en Diputados

18/11/2026
Las razones detrás del cortocircuito entre el Gobierno y Provincias Unidas que hizo fracasar la sesión en Diputados

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) buscaron enviar un mensaje claro al oficialismo mientras se discute el Presupuesto 2027 y se definen los temas que serán incluidos en sesiones extraordinarias.

 

Un hombre con traje y corbata violeta gesticula sentado ante un escritorio con pantallas y micrófonos en un recinto legislativo

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Gustavo Molfino)

Los diputados del bloque Provincias Unidas bajaron al recinto pero no se sentaron en sus bancas hasta que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se vio forzado a anunciar que la sesión había naufragado por falta de quórum. La maniobra, que tomó por sorpresa al oficialismo, que descontaba poder darle media sanción al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y aprobar definitivamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, fue un claro mensaje político.

Desde el bloque Provincias Unidas, donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), explicaron que la decisión obedeció a una serie de promesas incumplidas y “falta de voluntad de diálogo”.

 

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La relación entre el oficialismo y Provincias Unidas se había vuelto tensa a raíz de la falta de respuestas ante varios planteos, muchos de ellos en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2027. Sin embargo, el conflicto se agravó ante la sospecha de que Martín Menem no convalidaría su reclamo de poner a un representante en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y sancionar a los jueces.

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La Ley 24.937 establece que la Cámara de Diputados tendrá cuatro representantes que se dividirán de la siguiente forma: dos para el bloque mayoritario, uno para la primera minoría y uno para la segunda minoría. En representación de La Libertad Avanza (LLA) irán Nicolás Mayoraz y Gonzalo Roca, mientras que Unión por la Patria (UxP) designó a Guillermo Michel. Sin embargo, el PRO y Provincias Unidas se disputan el último lugar.

Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque aseguran que Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Entraron todos por partidos diferentes, votan siempre diferente, no son un bloque, son un rejunte solo para pedir cargos”, aseguraron desde el PRO.

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“No fue por el Consejo de la Magistratura, los de Provincias Unidas hoy no bajaron a la sesión porque son empleados de Dreyfus”, chicanearon, en referencia a la ley de biocombustibles y los intereses de las grandes cerealeras.

La ley de biocombustibles, que tiene media sanción del Senado y no avanzó en Diputados, es efectivamente otro de los puntos de conflicto entre el oficialismo y las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El proyecto aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10%, quedó trabado por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

La iniciativa prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grandes grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima). En ese sentido, para llegar al 10% de corte las no integradas tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

Por eso desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- propusieron mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones.

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“Provincias Unidas pidió al oficialismo que el proyecto fuera tratado en comisión, por ser uno de los temas centrales para las provincias. Esta semana vencía la posibilidad de dictaminar. No hubo respuesta favorable del oficialismo y no se convocó a la comisión. La ley es estratégica para Santa Fe, Córdoba, Jujuy y todo el interior. Es clave para impulsar la producción y generar más trabajo”, señalaron desde Provincias Unidas.

Por otro lado, estaban en desacuerdo con varios puntos del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que se trataría hoy. El principal punto de conflicto giraba en torno al artículo 111 que establece que las inversiones en las provincias en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería, actividades espaciales e infraestructura crítica requieren conformidad previa o revisión del Consejo cuando el inversor sea un Estado extranjero o una empresa controlada por uno.

“Si Pullaro consigue inversiones para un puerto en Santa Fe, va a tener que negociar el visto bueno con Santiago Caputo”, planteaba con ironía un diputado del peronismo que rechaza de plano el proyecto.

 

En el marco del Presupuesto hubo varios reclamos que no fueron receptados por el Gobierno, como las deudas con las cajas previsionales provinciales, el mantenimiento de las rutas y el pedido de reducción del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

De hecho, varios gobernadores hicieron público su malestar cuando la Casa Rosada anunció que aumentaría los subsidios al transporte únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El gobernador cordobés Martín Llaryora incluso acusó a Milei en redes sociales de implementar una política “discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo”.

Por último, Provincias Unidas insistía en avanzar con una serie de medidas de alivio y promoción destinadas a las pequeñas y medianas empresas de las provincias. Dado que el oficialismo no firmó el dictamen, anticiparon que no impulsarán su tratamiento en comisión ni en el recinto.

 

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