En un clima de máxima tensión institucional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que acudirá a la Justicia para frenar la designación de veedores solicitada por la Inspección General de Justicia (IGJ), al considerar que se trata de una medida ilegítima, con motivaciones políticas y un ataque directo a la autonomía del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que irá a la Justicia para impedir la designación de veedores en la entidad, una medida solicitada por la Inspección General de Justicia (IGJ) a partir de supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia anticipó que llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y que, de ser necesario, llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de un duro comunicado oficial, la AFA calificó la iniciativa de la IGJ como una medida “ilegítima”, adoptada con una “finalidad política ajena a la ley”, y sostuvo que la intervención de funcionarios externos constituye un ataque directo a la autonomía del fútbol argentino. En ese sentido, aseguró que agotará todas las instancias judiciales para revertir la decisión.

En el extenso escrito difundido por la entidad, la AFA cuestionó el accionar del organismo de control y puso en duda la legalidad de la designación de veedores. “No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, afirmó el comunicado.

La institución remarcó que la IGJ habla de “graves irregularidades”, menciona “millones de dólares de origen y destino desconocido” y una “sede social falsa”, pero al mismo tiempo sostiene que la veeduría “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”. Para la AFA, si las irregularidades fueran realmente graves, correspondería la aplicación de sanciones formales y no una medida “preparatoria”.

En relación con los balances, la AFA negó que existan ejercicios sin presentar desde hace más de ocho años y aseguró que los correspondientes a los períodos 2017 a 2024 fueron entregados “en tiempo y forma”. No obstante, reconoció que existen “vistas pendientes” de contestación, lo que —según la entidad— implica que los trámites siguen abiertos y que no hay irregularidades firmes.

Respecto del ejercicio 2025, la institución explicó que no fue presentado ante la IGJ debido a que, desde noviembre de 2024, el domicilio legal de la AFA se encuentra inscripto en la Provincia de Buenos Aires, situación que —indicaron— fue ratificada el miércoles mediante otro comunicado oficial.

Uno de los ejes centrales del conflicto es la mudanza de la sede de la AFA a la localidad de Pilar, que la IGJ calificó como “falsa” por considerar que en el predio no existen oficinas administrativas. Frente a ello, la AFA respondió que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial correspondiente y que la inscripción es válida y se encuentra plenamente vigente.

La entidad también recordó un antecedente judicial para reforzar su postura: el caso del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por Patricia Bullrich en 2023, cuando la IGJ impulsó una intervención que luego fue anulada por la Justicia por “violación al debido proceso”. Según la AFA, la metodología aplicada en aquella oportunidad es similar a la actual y ya fue desestimada por los tribunales.

En ese contexto, la conducción del fútbol argentino denunció que quedó atrapada en una disputa de poderes entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre la entidad, y advirtió que el fútbol está siendo utilizado como “campo de batalla” en una pelea política ajena al control administrativo.

En el comunicado, la AFA fue más allá y señaló que la ofensiva de la IGJ tendría como trasfondo la intención de imponer el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, advirtió la entidad.

Por último, la AFA confirmó que en las próximas horas presentará las acciones judiciales correspondientes para que la medida de la IGJ sea desestimada, tal como ocurrió en el antecedente citado. Además, dejó en claro que recurrirá a todas las instancias necesarias, incluida la Corte Suprema.

En el cierre del comunicado, la institución envió un mensaje directo a los clubes, socios e hinchas: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”.

 

 

 

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