La vicepresidente recibió anoche en su despacho a miembros de la oposición y a funcionarios del Poder Ejecutivo. Se acumulan los planteos por modificaciones, pero escasean las respuestas concretas del Gobierno.

El despacho de la Presidencia del Senado sigue siendo el punto neurálgico de las conversaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista, con el objetivo de destrabar la Ley Bases y el paquete impositivo en la Cámara Alta.

Ayer se volvieron a encontrar referentes del radicalismo, el PRO y Unidad Federal para intercambiar posiciones. El encuentro duró hasta que Victoria Villarruel se tuvo que retirar para participar del cambio de la Guardia de Honor del Cabildo Histórico de Buenos Aires.

Lo más importante de la respuesta es el final, porque buena parte del problema es la falta de respuesta de la Casa Rosada a los pedidos de modificaciones que surgen de los bloques. “Es bastante claro el posicionamiento que tiene cada uno y lo que se plantea. Hace cinco semanas que estamos diciendo lo que no nos gusta. Unión por la Patria critica y el resto también lo hace y a la vez propone opciones. El problema es que no hay respuestas a esas alternativas”, explica otro legislador.

Se espera que para el lunes llegue al Senado de la Nación un borrador con los cambios que acepta el Ejecutivo y, a partir de esto, se retomará la senda de las comisiones con el fin de obtener un dictamen durante la próxima semana.

Si eso sucede y hay un punto de equilibrio, el proyecto recién podría ir al recinto durante la primera semana de junio para obtener una media sanción que lo devolvería a la Cámara de Diputados.

“Así como estamos creo que ni llegan al 20 de junio. Suponé que tienen dictamen la semana que viene, algo que nadie puede asegurar, va al recinto primera semana de junio y pasa a comisiones de Diputados. Suponiendo que el trámite en la Cámara Baja sea express, es decir, que dure dos semanas, es muy ajustado que tengan la ley para el 20 de junio”, advirtió un legislador, en referencia a la fecha patria del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y la que había establecido el ministro del Interior Guillermo Francos como opción.

Entre los cambios que se plantearon hubo modificaciones al Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI): la oposición propuso salvaguardas para las empresas locales y protección a la industria nacional, así como también la defensa de las autonomías provinciales -que los gobernadores puedan tener voz y voto respecto de esas inversiones que se vayan a radicar en sus provincias-, así como también cuotas para la industria local. Desde el radicalismo también se propuso que se implemente un régimen similar de beneficios pero para las inversiones pymes.

Otro punto en el que también se propusieron cambios -todavía esperan las respuestas- es en el blanqueo de capitales que está en el paquete impositivo. Para los senadores de la oposición, el texto que llegó de diputados “permitía el lavado de capitales de una manera escandalosa”. Los cambios apuntan a la apertura para que no participen familiares directos de los funcionarios, así como también los beneficios para aquellos que adelanten el pago del impuesto a los Bienes Personales.

Respecto del Monotributo, hubo unanimidad de los bloques dialoguistas para que se mantenga la categoría de monotributo social, algo que eliminaba el proyecto original y el que obtuvo media sanción en Diputados.

A diferencia de la Cámara Baja, entre los senadores se discutió bastante la intención del oficialismo de modificar y cerrar los organismos descentralizados. En este caso, se propone la continuidad de todos aquellos relacionados con ciencia y tecnología, así como también asegurar el presupuesto para que puedan continuar.

Algo similar sucede con las empresas a privatizar. Los senadores patagónicos rechazan el vaciamiento y la privatización de Radio Nacional, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Sin los votos de este sector, es poco probable que el oficialismo tenga la aprobación ya que representan al 25% de la Cámara de Senadores.

 

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