Ese monto se distribuyó a fin de año entre Eldorado y Puerto Esperanza, cuyos alcaldes denunciaron que recibieron municipios quebrados. El dinero fue destinado a atender “desequilibrios financieros” y para cumplir con los compromisos salariales de los trabajadores.

Un nuevo año está empezando, pero algunos asuntos del pasado reciente vuelven a “colarse” en la agenda del presente. Ese es el caso de uno de los temas que dominó el debate político durante gran parte del 2023 y que tiene que ver con las internas de los intendentes renovadores en los municipios donde ganaron nuevas gestiones.

Es que apenas finalizadas las elecciones provinciales del 7 de mayo, en casi todas las localidades donde se decidió un cambio de nombre, los jefes comunales ganadores empezaron a denunciar maniobras de los alcaldes salientes que condicionaban la transición.

Eldorado con el triunfo de Rodrigo “Pipo” Durán y Puerto Esperanza con Horacio Zarza, fueron dos de las ciudades donde se dieron los cruces más fuertes. En ambos casos, las acusaciones de los, ya intendentes, contra sus predecesores tenían los mismos motivos: pases a planta permanente masivos, incertidumbre acerca del estado financiero de los municipios, parques viales destruidos, entre otras cuestiones. Pero en las últimas horas, esta novela de “pesadas herencias” sumó números concretos oficiales.

Ayer, en el Boletín Oficial de la Provincia salieron publicados los decretos N° 324 y N° 325 mediante los cuales se destinó, en carácter de transferencia sin reintegro, unos 187 millones de pesos para atender los “desequilibrios financieros” de Eldorado y Puerto Esperanza respectivamente.

La Capital del Trabajo recibió la suma de 150.000.000 de pesos, mientras que Puerto Esperanza obtuvo otros 37.500.000 pesos.

Tanto Durán como Zarza confirmaron en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que solicitaron la asistencia como consecuencia del estado con el que hallaron el Municipio. Los dos marcaron que el dinero lo utilizaron para cumplir con los compromisos salariales de los trabajadores municipales.

Los decretos tienen como fecha el 28 de diciembre, justo en el momento en que debían afrontar pago de aguinaldos y de salarios.

Además, las normativas establecen que los alcaldes deberán rendir los gastos, con la documentación correspondiente, frente al Tribunal de Cuentas de la Provincia.