El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de despedir a 2.400 empleados del Ministerio de Justicia y eliminar un incentivo destinado a capacitaciones, argumentando su falta de implementación real. Además, mediante una resolución de la Secretaría de Transporte, se le quitó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad en las capacitaciones de conductores profesionales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en una conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia despidió a 2.400 empleados contratados irregularmente a través del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

Estas contrataciones se realizaban por fuera del sistema nacional de empleo público. Adorni también anunció la eliminación de incentivos al personal, lo que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Según el portavoz, estos incentivos se habían desvirtuado y se transformaron en parte del salario sin que se llevaran a cabo capacitaciones que lo justificaran.

La reducción de la planta estatal es uno de los pilares del plan de gobierno de Javier Milei, conocido como «plan de motosierra». Milei, en su discurso al cumplir un año de gestión, mencionó que ya había concretado la mitad de los 70 mil despidos prometidos. Además, destacó la eliminación de cargos hereditarios en el Estado y la evaluación de idoneidad para los empleados públicos restantes.

Adorni también presentó un relevamiento realizado en Chaco sobre pensiones por discapacidad laboral, donde solo el 13.58% de los beneficiarios cumplía con los requisitos. Además, la Secretaría de Transporte anunció que cualquier prestador del sistema podrá ofrecer capacitaciones a conductores, eliminando la exclusividad de la UTA. Este sindicato había recibido aproximadamente 11 mil millones de pesos anuales desde 2019. Se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional para regular estas capacitaciones.