El Plan Procrear, creado en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas a través de créditos estatales, se encuentra en el centro de una polémica por su posible eliminación.

Según fuentes oficiales, el Gobierno nacional planea dar de baja el programa y subastar las 17.000 viviendas que aún están en construcción, en un movimiento que ya ha generado tensiones con distintas provincias.

El programa, oficialmente conocido como Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, depende actualmente del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, y es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, encabezada por Rodrigo Aybar. Para concretar esta iniciativa, el Ejecutivo deberá desactivar el fondo fiduciario que sostiene el Procrear, una medida que implica la disolución del respaldo financiero que lo hizo posible durante más de una década.

Revisión de proyectos y créditos

El proceso de eliminación del Procrear incluye una exhaustiva auditoría de las obras en marcha. «Cada una de las obras está siendo revisada», indicó una fuente gubernamental a medios nacionales. En casos particulares, se contempla la posibilidad de ceder las construcciones a provincias o municipios para que finalicen las viviendas y las entreguen a los beneficiarios originales.

En cuanto a los créditos ya otorgados, la revisión se concentra en los últimos 2.500 suscritos en noviembre de 2023, durante la recta final del mandato de Alberto Fernández. Desde el Ejecutivo aseguran que a los beneficiarios se les ofreció la opción de transformar su crédito hipotecario en uno personal, y que el 70% aceptó el cambio.

Cesión a provincias y municipios

Algunas provincias decidieron intervenir para garantizar la finalización de las viviendas. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comprometió a terminar proyectos con bajo porcentaje de ejecución. Asimismo, en Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense, el municipio decidió destinar fondos propios para completar 3.000 viviendas en curso.

Sin embargo, este proceso avanza de manera dispar. Mientras algunas jurisdicciones como Formosa, a través de su Defensoría del Pueblo, solicitan que la iniciativa de eliminación sea reconsiderada, otros distritos buscan acuerdos con el Gobierno para asegurar la culminación de las obras.

Impacto en el desarrollo habitacional

El plan del Gobierno incluye la disolución de otros fondos fiduciarios en línea con un esquema de reducción del gasto público. Esta semana, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP), que otorgaba microcréditos productivos. Este cierre se suma a otros recientes, como el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

La eliminación del Procrear implica un impacto significativo en el acceso a la vivienda, especialmente para sectores de menores ingresos. Mientras tanto, el artículo 5 de la Ley Bases faculta al Ejecutivo a modificar o disolver fondos fiduciarios públicos, consolidando el control de estos instrumentos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La intención de eliminar el Procrear ya suscitó reacciones en diversos sectores. Además de la provincia de Formosa, que manifestó su rechazo a través de la Defensoría, otros actores sociales y políticos expresaron preocupación por el futuro de las miles de familias que aún esperan acceder a una vivienda. La continuidad o eliminación del programa se perfila como un tema central en el debate sobre políticas habitacionales en el país.