Sectores dialoguistas buscarán aumentar los recursos de las universidades a partir de recortes en el gasto tributario. Cuáles son los artículos del proyecto que generan mayor preocupación.

El Gobierno logró neutralizar en el Congreso este miércoles el intento opositor de actualizar los gastos y salarios universitarios por inflación. Sin embargo, esta victoria política no será definitiva y el conflicto con la comunidad educativa tendrá nuevas batallas, como el debate del proyecto de Presupuesto 2025.

El plan de gastos para el año que viene contempla una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI, superávit primario y equilibrio financiero. Pero a pesar del escenario positivo en términos macroeconómicos, la Casa Rosada anticipa una caída de 0,3% para la función Educación y Cultura, y una baja del 4,5% en el financiamiento de las universidades.

De hecho, el artículo 27 del proyecto determina -gracias a la emergencia declarada en la Ley Bases- que se suspenderá el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Esta norma establece que el Estado debe garantizar un gasto consolidado (nación, provincias y CABA) no inferior al 6% del PBI para la Educación.

En la primera reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue consultado en más de una oportunidad sobre este punto por los diputados de la oposición y reconoció que el Gobierno no intentará cubrir ese mínimo. “No podríamos cumplir con todas esas normas dada la situación de restricción fiscal. Desde el lado del Estado Nacional no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”, explicó Guberman, también en referencia a una normativa que garantiza el financiamiento para ciencia y tecnología.

En la misma línea, los fondos destinados a infraestructura y equipamiento dentro de la Secretaría de Educación tendrían una caída real del 23,4% para 2025.

 

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

 

En cuanto a las universidades nacionales, la Casa Rosada planea destinarles $3,8 billones. Una cifra que apenas supera la mitad de lo que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): unos $7,2 billones. Según los rectores, la diferencia se explica porque el Gobierno no contempla casi ninguna recuperación de los salarios, ni siquiera según la inflación estimada del 18 por ciento.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”, plantearon los rectores en un duro comunicado oficial.

Por otro lado, el artículo 17 establece que las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información necesaria para “asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”. Y advierte: “El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”. Desde la oposición entienden que será una herramienta de presión para cortar las transferencias en caso de conflicto, como ya ocurrió con las universidades.

Desde el radicalismo ya advirtieron que la potestad para suspender fondos introduce un riesgo operativo para el funcionamiento de las casas de estudios ya que estas dependen de la regularidad de las transferencias para mantener sus actividades. Además señalaron como punto problemático estas exigencias se utilicen de manera arbitraria para ejercer presión política sobre universidades específicas.

Tampoco ven con buenos ojos la suspensión de la obligación de invertir el 6% del PBI en educación porque traerá consecuencias negativas a largo plazo para la calidad del sistema de enseñanza y afectará el principio de igualdad de oportunidades.

En cuanto a la negociación concreta con el oficialismo, los radicales y otros sectores de la oposición dialoguista apuestan a aumentar las partidas para educación (primaria, secundaria y universitaria) a partir de recortes en el gasto tributario.

A tono con el pedido del Gobierno, que adelantó que rechazará cualquier iniciativa legislativa que no detalle de dónde surgirán los fondos para su implementación, la oposición dialoguista busca que el ajuste sea “más parejo” pero sin romper el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico de Milei.

El gasto tributario engloba los recursos que el Estado deja de percibir por exenciones de impuestos a sectores estratégicos, en total más de 4 puntos del PBI. En este sentido, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (0,37 del PBI) se convirtió en una bandera de la oposición, que lo considera demasiado oneroso y poco eficiente. También están incluidos los beneficios a las empresas tecnológicas, en el marco de la ley de economía del conocimiento, y la exención de Ganancias a los jueces, entre otros.

Germán Martínez y Cecilia Moreau, de Unión por la Patria (Adrian Escandar).

 

“Los recortes de las universidades piden $7,2 billones y el Gobierno les quiere dar $3,8 billones. Debería salir algo intermedio”, reflexionó un hombre del radicalismo que suele participar de las negociaciones con los libertarios. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo mantenían las esperanzas de poder negociar con el oficialismo en el marco del dictamen de mayoría de la comisión.

En cambio, otros sectores dialoguistas analizaban la presentación de un dictamen propio de minoría que incluya tanto aumentos para la educación como para los jubilados y las provincias, como los recortes en el gasto tributario que posibiliten esos aumentos. “Creemos que de mínima se tiene que respetar el promedio histórico para educación y también negociar para recuperar lo perdido en 2024, aunque sabemos que eso ya va a ser más difícil”, explicaron desde el bloque Encuentro Federal.

Soledad Carrizo y Julio Cobos, de la UCR (Jaime Olivos).

 

El peronismo, en un tono de confrontación más duro, por ahora se concentra en insistir con que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que presentarse ante el Congreso para explicar su plan económico pero ya adelanta que buscará eliminar el artículo 27 que remueve el mínimo de inversión del 6% del PBI en educación.

El debate en comisión continuará el próximo martes con la presencia de Patricia Bullrich -la partida en seguridad es una de las pocas que recibió aumentos- y el titular de Anses, Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.

 

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