La formalizó el diputado porteño Facundo Del Gaiso, del partido de Lilita Carrió. “Estamos hartos de aprietes, patotas y chantajes”, señaló. El caso recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

El legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso denunció penalmente por extorsión al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en el marco del conflicto por la licitación de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con una protesta de recolectores de residuos que dejó la ciudad de Buenos Aires inundada de basura.

Del Gaiso señaló además irregularidades en las licitaciones por la concesión del servicio de grúas para acarreo de automóviles, que fueron dadas de baja por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y según reveló la familia Moyano tendría injerencia algunas de las firmas participantes del negocio.

“Mi denuncia penal por extorsión contra el clan Moyano cayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, afirmó el legislador en redes sociales.

“Nos despertamos y vimos que se estaba levantando la basura en un 30%. Hasta el viernes pasado no había ningún problema, lo que sucedió es que se dio de baja la licitación de grúas”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, detalló: “¿Qué tiene que ver la licitación de grúas con que los porteños suframos la extorsión de Moyano? En el año 2022 se cae el sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires porque en la legislatura se arma una sesión especial, faltaba el voto de la CC, Carrió determina que había que ir a votar para que se caiga el sistema irregular de 20 o 25 años, y que pagaban 55 mil pesos por mes hasta el 2022. Como eso se iba a caer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determina estatizar el servicio en 24 horas”.

En la denuncia el dirigente de la Coalición Cívica planteó que “resulta incongruente adoptar una medida de fuerza gremial, en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han sido formalmente denunciados antes las autoridades competentes, y en defensa de trabajadores de una eventual contratación por parte de dicho Gobierno; sin claro tener otras intenciones que la intimidación y extorsión de las autoridades locales”.

Y remarcó: “Que la amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”.

Para el legislador, la medida de fuerza en defensa de los choferes “no tiene otra finalidad que obtener la firma del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación de la Licitación Pública, beneficiando a las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., ambas compañías, de pública vinculación con el Sindicato de Choferes de Camioneros, como ya fuera descripto ut-supra”.

El conflicto por las grúas

Tras la protesta que dejó la ciudad de Buenos Aires inundada de basura, el gobierno porteño confirmó su decisión de dar de baja las preajudicaciones del servicio de grúas y mantener bajo la responsabilidad del Estado municipal la gestión de esa actividad.

“La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años. Esa preadjudicación implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”, expresó Macri en un comunicado oficial.

En ese sentido, el jefe de gobierno anunció que “ahora, este servicio lo continuará prestando la Ciudad con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio”.

En julio de 2022, el Gobierno de la ciudad terminó con el sistema de acarreo que estaba vigente desde principios de los 90 y convocó a una licitación. A principios de diciembre de 2023, a pocos días de finalizar la anterior gestión, el gobierno de la Ciudad pre adjudicó el sistema de grúas y acarreo a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario.

“El contexto económico actual obligó a la Ciudad a revaluar los costos, optimizar los recursos y mantener los estándares de los servicios. Desde la convocatoria a la licitación en 2022 a la fecha, la Ciudad se hizo cargo del sistema de grúas y acarreo absorbiendo a la totalidad de los empleados y manteniendo su encuadramiento en el gremio de Camioneros. La Ciudad continuará evaluando la mejor forma de contratación para la optimización del servicio”, explicó un comunicado de Jorge Macri.

Después de la protesta y del freno a la preadjudicación hubo negociaciones reservadas y se encontró un punto de acuerdo para retomar la normalidad de la prestación del servicio de recolección de residuos. Una tregua frágil que por ahora se mantiene.

 

 

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