El sindicato profundizó el reclamo motivado por los despidos en las áreas estatales y reiteró el pedido por un aumento salarial que supere la inflación.

 

Después del cruce de los sindicalistas con la Policía Federal durante la protesta en los edificios públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este viernes un paro nacional por 24 horas.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó hoy que el paro “es contundente en todo país” y afirmó que el sindicato “exige al Gobierno que publique el listado de los ñoquis”, en referencia a los trabajadores despedidos que, según versiones oficiales, no cumplían ninguna tarea.

frame frameborder="0" height="1" id="google_ads_iframe_/1058609/infobae/politica/nota/inline_0" name="google_ads_iframe_/1058609/infobae/politica/nota/inline_0" scrolling="no" title="3rd party ad content" width="1">"Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la “no prestación de servicios”, añadió el sindicalista en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La medida de fuerza recibió el apoyo unánime de los delegados de todo el país luego de que el gremio analizara la situación en un plenario que nucleó a más de 1.500 representantes de todos los sectores del Estado Nacional. No obstante, en esta segunda jornada anticiparon que marcharán hacia el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Luego de la jornada de lucha del día de ayer, les estatales paramos y movilizamos en el Ministerio de Economía de la Nación. Sin trabajadores no hay Estado, sin Estado no hay derechos”, expresó el sindicato al indicar que la movilización tendrá inicio a las 12 horas. Con respecto a las acciones que se realizarán en el interior del país, señalaron que éstas serán coordinadas según el distrito.

De esta manera, el gremio estatal remarcó que el reclamo buscará que los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados vuelvan a ser incorporados; que cesen los despidos; que se regularicen los vínculos contractuales y que los empleados sean trasladados a la planta permanente; y un aumento salarial que supere los índices de inflación que se registraron en los primeros meses del año.

En la lista de quejas, ATE incluyó una solicitud para que se frenen las políticas de ajuste en el sector y una declaración en rechazo a la privatización de las empresas públicas, del cierre del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los jubilados, y contra la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones. Además, denunciaron amedrentamientos contra los empleados estatales.

“Esta escalada del conflicto en el Estado no es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad directa del Gobierno que encabeza el Presidente Javier Milei, que ha decidido desatar un nivel de agresión y un ataque inusitado sobre todos nuestros derechos laborales”, acusó Aguiar luego de que se renovaran los motivos detrás del reclamo. Incluso, explicó que no era suficiente con pedir que los trabajadores que fueron apartados de sus cargos fueran restituidos.

En este sentido, el titular de ATE apuntó: “Para nosotros no alcanza solamente con la estrategia de resistir y de defendernos contra los despidos, sino que tenemos que ser capaces de poner en debate lo que realmente está ocurriendo en la Argentina”. Bajo la misma línea del discurso, el dirigente sindical advirtió que “detrás de estas cesantías masivas en el Estado, lo que está en juego es cuál será el Estado que vamos a tener en los próximos años”.

Días atrás, Aguiar denunció que el Poder Ejecutivo habría avanzado de manera ilegal al realizar un recorte abrupto de personal, ya que más de 11 mil personas fueron desvinculadas de todos los ministerios y otros organismos públicos. Desde el Gobierno respondieron que los casos mencionados correspondían a contrataciones que no fueron renovadas, por lo que no entrarían dentro de la categoría de despidos.

Por otro lado, el conflicto podría extenderse, debido a que el mandatario anticipó que se despedirán a 70 mil personas que ocupen cargos en la administración pública, como parte del programa de reducción de gasto público. Asimismo, continuará vigente la medida de descontar el día a aquellos empleados públicos que faltaran a sus puestos de trabajo.

La política se había dado a conocer el pasado 7 de marzo, es decir, antes de la convocatoria por el Día de la Mujer, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó: “Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”.

 

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