Francia amaneció el viernes 17 con varias carreteras bloqueadas, escuelas cerradas, refinerías paralizadas y toneladas de basura en las calles de París y otras ciudades, un día después de la adopción por decreto de la impopular reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, cuya fragilidad crece.

Luego de que la primera ministra Élisabeth Borne informara la decisión de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para actuar por decreto, miles de manifestantes salieron a las calles de París en forma espontánea para insistir en su rechazo a la reforma, con protestas que dejaron un saldo de 310 personas detenidas.

«Estamos indignados», dijo Soumaya Gentet, sindicalista del supermercado Monoprix citada por AFP y una de las 200 personas que bloquearon durante media hora el Bulevar Periférico de París, la avenida-circunvalación de 34 kilómetros que rodea la capital francesa.

La decisión de Macron de adoptar la reforma -que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años- sin someterla al voto de los diputados, fue tomada por temor a una derrota parlamentaria.

El mecanismo adoptado, el artículo 49.3 de la Constitución, es legal pero controvertido y fue formalizado a pesar de que la ley es resistida por dos de cada tres franceses.

 

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Una noche de furia

Frente a la furia ciudadana desatada en las calles tras anunciarse la decisión, en París la policía debió intervenir anoche y desplegó una represión que incluyó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes congregados en la plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea.

En las calles parisinas, donde una huelga de recolectores de basura dejó toneladas de escombros, algunos manifestantes aprovecharon para encender fogatas.

Imágenes en las redes sociales muestran hogueras y barricadas ardiendo, que traen a la memoria las protestas de los chalecos amarillos de 2018, además de contrastar con el espíritu mayoritariamente pacífico de las manifestaciones sindicales realizadas en estos meses.

«La oposición es legítima, las manifestaciones son legítimas, el desorden no», aseguró en la radio RTL el ministro del Interior, Gerald Darmanin, advirtiendo que el Gobierno no permitirá la aparición de «manifestaciones espontáneas».

 

 

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