Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot acudieron a la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema. Los legisladores advirtieron sobre el riesgo de que se consoliden derechos adquiridos sobre recursos estratégicos y exigieron suspender los efectos del decreto de desregulación.

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para solicitar la suspensión inmediata de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. La iniciativa judicial surgió como respuesta directa al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la demanda del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata por una cuestión de legitimación, lo que reactivó la libre adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

A partir de la resolución del máximo tribunal, la derogación de la norma volvió a surtir efectos plenos. En la actualidad, el territorio argentino no cuenta con los límites que la legislación histórica establecía para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, perdiéndose los controles por porcentaje nacional, provincial o departamental, así como las restricciones sobre áreas ribereñas de cuerpos de agua de gran envergadura.

Los legisladores fundamentaron la urgencia de la presentación judicial para evitar que el daño sobre el territorio nacional se vuelva irreversible. Según explicaron los diputados nacionales: “La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos”.

En el mismo sentido, los representantes advirtieron sobre el riesgo de un vacío legal temporal que beneficie a los compradores externos. Para los firmantes de la presentación: “Aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo”.

La presentación judicial cuestionó con dureza el mecanismo utilizado por la administración de Javier Milei para avanzar sobre este régimen legal. Los diputados sostuvieron que la derogación de la Ley de Tierras por decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU, sobre todo porque el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar y el propio Senado rechazó la iniciativa en marzo de 2024.

El escrito judicial hizo hincapié en el valor geopolítico del territorio en disputa. En el documento se plantea que la tierra rural y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, por lo que el régimen para su disposición debe ser establecido obligatoriamente por el Congreso de la Nación.

Ante este escenario de desprotección, Pichetto y Massot solicitaron una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita la cautelar de fondo. De forma subsidiaria, los legisladores exigieron medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información actualizada sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial para que la ciudadanía conozca el estado de los recursos del país.

 

Fuente: El Destape

 

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