El presidente Javier Milei no da señales de buscar una tregua con los gobernadores. No obstante, ya se registran en el Congreso los primeros movimientos de la oposición, que podría obligar al Gobierno a replantearse su estrategia.

Ayer nueve senadores de la oposición no kirchnerista pidieron una sesión especial para revisar el mega DNU y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, -que venía ignorando pedidos similares de Unión por la Patria (UP)- ya no podrá evitar que la derogación tenga media sanción.

En un contexto de creciente tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada por los fondos coparticipables y las agresiones permanentes del Presidente a través de las redes sociales - que tuvo su pico máximo en la pelea con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres -, el peronismo en la Cámara de Diputados quiere capitalizar el conflicto con las provincias para alcanzar un acuerdo parlamentario con los sectores dialoguistas y “ponerle límites” al Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, el bloque de UxP, que lidera Germán Martínez, señaló que las últimas medidas del Gobierno, como el recorte de transferencias discrecionales, la baja de los recursos destinados a subsidiar el transporte público, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la retención de la coparticipación a Chubut, tienen como objetivo “quebrar a las provincias y disolver la Nación”.

Ante ese panorama, desde el peronismo convocaron a “poner en pausa cualquier diferencia política y tomar acciones en defensa del pacto federal que dio origen a la Nación”. En concreto, busca alcanzar consensos mínimos (129 votos) para derogar definitivamente el mega DNU 70/23, ya que allí se declaran diferentes emergencias que le permiten al Poder Ejecutivo tomar algunas decisiones sin pasar por el Congreso, como por ejemplo la eliminación de los fondos fiduciarios.

Sin embargo, el objetivo político del bloque peronista es más ambicioso. Incluye también, a partir del inicio de las sesiones ordinarias, impulsar una agenda de proyectos para imponerle a la Casa Rosada “una distribución equitativa y federal de los recursos nacionales”. Buscan cortar con la disminución de ingresos de las provincias y activar mecanismos fiscales, a través del Congreso, para que no queden desfinanciadas.

Una de las propuestas es coparticipar a las provincias lo que el Estado obtiene a través de la coparticipación de las retenciones a la soja, a través de la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional. El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, presentó un proyecto en el mes de enero respecto al tema y tratará de empujarlo en la Cámara baja como una herramienta para que las provincias consigan ingresos.

En esa lista también se incluye la coparticipación del Impuesto PAIS, impulsada por el bloque de legisladores de Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora (esta posibilidad se barajó durante el debate de la Ley Ómnibus) y la restitución del Fondo Compensador del Transporte del interior del país, que fue eliminado por el Gobierno dos semanas atrás y generó la reacción inmediata de la mayoría de los gobernadores e intendentes de las ciudades más grandes del país.

Uno de los que tiene mayores posibilidades de lograr amplios consensos en el corto plazo es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el Gobierno dio de baja. La semana pasada, el radical Julio Cobos, la diputada del GEN Margarita Stolbizer, Romina del Pla del FIT, y los peronistas Ariel Rauschenberger y Máximo Kirchner, en conjunto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentaron diferentes proyectos para defender el FONID.

Unión por la Patria tiene 99 diputados y el Frente de Izquierda, otros 5. Es decir, la derogación del DNU parte de la base de 104 votos. Los 25 votos restantes deben salir del bloque Innovación Federal (8 bancas), que nuclea diputados de Salta, Misiones y Río Negro; la UCR (34 bancas), que ya tiene un sector interno liderado por Facundo Manes dispuesto a confrontar con Milei; Hacemos Coalición Federal (23 bancas), que aglutina a la Coalición Cívica, peronistas no K, ex PRO, socialistas de Santa Fe y cordobeses que responden a Llaryora; y bloques provinciales como Por Santa Cruz (2 bancas).

La decisión del peronismo es avanzar en la búsqueda de consensos con el resto de la oposición ni bien se abran las sesiones ordinarias. Cristina Kirchner, que sigue manteniendo una importante influencia sobre un sector de la coalición política, es una de las máximas impulsoras de buscar un acuerdo parlamentario con otros bloques opositores.

El kirchnerismo, en una faceta diferente a la que se le ha conocido en los últimos años, se muestra más flexible para interactuar con sectores de la oposición, que han estado en la vereda de enfrente durante los últimos cuatro años de gobierno. Agrupar voluntades para frenar la avanzada de Milei contra las provincias.

“No hay límites. Hablamos con todos. Hay objetivos. Hay que lograr que las provincias tengan mayores ingresos porque es asfixiante. No son tiempos de decir ‘con este no hablo’. Hay que lograr acuerdos parlamentarios para que los gobiernos provinciales puedan hacerse cargo de las necesidades básicas”, explicaron desde el corazón del mundo K.

En el kirchnerismo aseguran que hay un sector de la oposición que está presionado en su accionar bajo la lógica de que votar con ellos es mala palabra y que esa situación condiciona las negociaciones. “Mucho peor es que las provincias se queden sin plata para pagarle a los médicos, docentes o policías”, advirtieron en el entorno de la ex vicepresidenta.

En lo que va de su mandato Milei ya confrontó con los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa. “La semana que viene seguramente avanzará sobre otra provincia. No le importa el color político. Lo que está haciendo es asfixiar a los gobiernos provinciales”, explicó a Infobae un dirigente muy cercano a la ex presidenta.

Hasta el momento CFK no ve que haya reacción parlamentaria para frenar la avanzada contra los gobernadores en el tema fiscal y sabe que para que eso suceda, se necesita tejer alianzas con bloques más chicos que ayuden a UP a llegar a los 129 diputados. Esa es una de las tareas titánicas que tendrá que emprender Germán Martínez a partir del 1 de marzo.

Ante la consulta de Infobae, desde la bancada radical que conduce Rodrigo De Loredo minimizaron las posibilidades de aliarse con el peronismo y plantearon que la comisión bicameral de Trámite Legislativo se tiene que encargar de analizar el DNU. No obstante, siguen con preocupación el conflicto de las provincias con la Casa Rosada y destacan que el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, es radical.

En tanto, los diputados de Innovación Federal, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones) aseguraron que siguen poniendo “toda la voluntad del mundo” para dialogar con la Nación pero aclararon que la defensa de los intereses provinciales y del federalismo siguen siendo su norte, “más allá de quien tenga la iniciativa política”.

“Ya hemos presentado proyectos para coparticipar el impuesto PAIS, también sobre el FONID. Sobre esos temas podemos tener un acuerdo común”, explicaron a este medio. “Pero hay que ser prudentes”, concluyeron a la espera de que el debate en el Senado aclare el panorama. El conflicto con los gobernadores abrió canales impensados en el heterogéneo bloque opositor. En pocas semanas el ajedrez parlamentario será un desafío para Javier Milei, quien aseguró que el Congreso “es un nido de ratas”.

 

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